Seis personas han declarado este martes como testigos ante la Fiscalía de Menores en relación con la muerte de María Esther Jiménez en Arriate (Málaga) en enero, testimonios que son "muy importantes y fundamentales para el futuro juicio", según ha dicho la abogada de la familia de la niña, Bárbara Royo, a los periodistas.

La letrada ha explicado que estas declaraciones, de compañeros y de jóvenes que iban a la parada de autobús en la que se reunían los adolescentes de la localidad, "arrojan luz" sobre "la presunta participación del menor expedientado", que fue detenido en relación con este crimen y que fue internado en un centro de menores.

En declaraciones a Europa Press, la abogada ha considerado que, a su juicio, la investigación realizada por la Guardia Civil en este caso "ha sido muy buena" y ha apuntado que "las declaraciones no hacen más que corroborar datos que ya aparecen en las pesquisas del instituto armado".

En total, entre el pasado viernes y este martes, han declarado 13 testigos, entre adultos y menores, que ya habían comparecido ante la Guardia Civil al inicio de la investigación. El primer día, los testigos declararon sobre lo que conocían de las horas previas y posteriores a la muerte de la niña, para hacer una cronología.

María Esther desapareció el 19 de enero y para su búsqueda se puso en marcha un dispositivo especial por los cortijos y alrededores de la localidad de Arriate para encontrarla. Finalmente, su cuerpo sin vida fue hallado un día después de su desaparición en el interior de una caseta asociada a una piscina en las afueras del municipio.

La autopsia realizada a la menor confirmó que se trataba de una muerte violenta, además de que presentaba un traumatismo craneoencefálico. La Guardia Civil peinó la zona en busca de pruebas e interrogó a un gran número de personas para esclarecer los hechos, algunas de las cuales han comparecido en estos días ante el fiscal.

Un joven, de 17 años y con iniciales R.V.R., residente en el municipio, fue detenido en relación con este crimen. El Juzgado de Menores número 1 acordó su internamiento preventivo en régimen cerrado, después de que la Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, así lo solicitaran.