Francisco Miralles, actual máximo accionista de la Clínica Miramar y acusación particular en la causa que investiga el presunto delito de alzamiento de bienes en que habría incurrido en 2010 Cristóbal Pizá, ex propietario de estas instalaciones, reclama tres años de prisión y una fianza civil de 147.651 euros conjunta para el acusado y su mujer, también imputada en este proceso judicial.

El querellante, a través de la sociedad Inversiones Grupo Miralles (IGM), pide además que se anulen las escrituras de compraventa de los dos inmuebles de los que se deshizo presuntamente para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba a Miralles, si bien Pizá se escuda en que vendió ambas propiedades porque le urgía saldar deudas con la Banca March. De este modo, niega haber ocultado sus bienes con el ánimo de eludir los pagos a Miralles.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación particular relata cómo, después de que el querellante interpusiera por estos hechos una demanda contra la mercantil Consaba, de la que Pizá era administrador y a la que Miralles concedió en 2006 un préstamo de dos millones, el acusado procedió a vender un inmueble de Logroño por 121.260 euros a su mujer, Antònia Morro, y otro de Calvià por 87.545 a su suegra.

Una operación de la que, según la acusación, ejercida por la abogada Isabel Fluxà, se sirvió el imputado para frustrar los derechos de crédito del acreedor y conseguir así que los inmuebles permanecieran dentro del patrimonio familiar. Es más, postula que la pareja hizo constar domicilios distintos "para engañar y confundir" mientras que el acusado se permitió dejar de percibir a través de Consaba los 2.000 euros de alquiler que cobraba mensualmente por ambos inmuebles.

El escrito de acusación destaca además el hecho de que Morro, "plenamente conocedora de la situación financiera y judicial de su esposo", cooperase de forma activa en el delito de alzamiento haciendo partícipe además "en estas turbias operaciones", a su madre -desconocedora de la situación-, "consciente de que siendo hija única devendría única propietaria del inmueble al fallecimiento de su madre".

Préstamo concedido en 2006

La acusación recuerda que fue en enero de 2006 cuando IGM concedió el préstamo de dos millones de euros a Consaba, entonces administrada por Pizá junto al fallecido Miquel Dalmau, debido a la "estrecha relación de amistad y confianza" que unía a Miralles con el acusado. Posteriormente, IGM fue adquiriendo acciones de Ameba -la otra empresa de Pizá y Dalmau y cuya situación financiera "era una debacle"-, pagando únicamente la diferencia con el préstamo, si bien el resto del dinero adeudado ascendió finalmente a un millón de euros por los intereses pactados.

El querellante solicita finalmente una multa de 18.000 euros más un tercio de esta cantidad tanto para Pizà como para su mujer, así como 15.000 euros en concepto de costas.

Cabe recordar que el ex propietario de la Policlínica también está imputado en el procedimiento que indaga un presunto delito societario y otro de apropiación indebida por haberse apropiado, junto a su socio en Consaba, Miquel Dalmau -ya fallecido-, de unos nueve millones de euros sin el conocimiento del resto de accionistas de la Policlínica. Unos hechos que se encuentran en la actualidad pendientes de calificación por parte de la Fiscalía y la acusación particular.