Fiscalía mantiene penas de 18 años para cinco acusados de estafar a empresas de telefonía y exculpa a un sexto

La Fiscalía de Valladolid ha mantenido hoy su solicitud de un conjunto de penas que suman dieciocho años de cárcel para cinco personas a las que acusa de integrar una banda que en 2004 cometió distintas estafas por importe superior a 93.000 euros de las que fueron víctimas varios distribuidores y compañías de telefonía móvil de la capital y, por contra, ha retirado la acusación contra un sexto procesado, Yoynal.A, al no considerar acreditada su participación en los hechos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía de Valladolid ha mantenido hoy su solicitud de un conjunto de penas que suman dieciocho años de cárcel para cinco personas a las que acusa de integrar una banda que en 2004 cometió distintas estafas por importe superior a 93.000 euros de las que fueron víctimas varios distribuidores y compañías de telefonía móvil de la capital y, por contra, ha retirado la acusación contra un sexto procesado, Yoynal.A, al no considerar acreditada su participación en los hechos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La fiscal ha entendido probada la implicación de cinco de los procesados en un delito continuado de estafa y la consideración de grupo organizado de sus integrantes, que, tal como sostiene, se concertaron para constituir casi una veintena de bazares, la mayoría ficticios y otro reales, a través de los cuales obtuvieron gratuitamente de distribuidores y compañías de telefonía móvil terminales telefónicos, con sus correspondientes líneas, que luego vendieron en el mercado negro a un precio inferior y, además, dejaron sin abonar las facturas por la utilización de dichas líneas.

Por ello, y al margen del indio Joynal A, que ha quedado finalmente libre de cargos, las acusaciones pública y particular han mantenido para el resto sus peticiones de pena, la más elevada, cuatro años, para el español Emiliano A.L, al que aplican la agravante de reincidencia, así como tres años y medio de privación de libertad para el también español Pedro O.R, los ciudadanos de origen indio Bradeddin H.A. y Gulabani V.G. y la cubana Clara Inés S.M, junto con multas por importe global de 24.840 euros y el pago entre todos ellos, de forma conjunta y solidaria, de indemnizaciones por valor superior a 93.000 euros en favor de los perjudicados.

Las defensas, por su parte, han hecho causa común al solicitar la libre absolución de los acusados tras negar que constituyeran un grupo organizado, ya que ninguno de ellos se conocía antes del juicio, y bajo la argumentación de que suscribieron contratos para la constitución de sociedades civiles que luego los tres únicos acusados que no han comparecido en el proceso y considerados por la policía como principales artífices de la estafa, los indios Kumar N.C. y Dinesh M. y la argelina Farida L.C, declarados en rebeldía por el tribunal, utilizaron para la comisión de hechos delictivos.

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