Seis vecinos de Puerto de la Torre han denunciado a su gestor, al que acusan de apropiación indebida, tras haberle entregado un total de 600.000 euros, entre efectivo y cheques, para satisfacer las obligaciones del IVA y del IRPF derivadas de la venta de una parcela por 2,37 millones, según hacen constar en la querella criminal.

Tras confiar esta cantidad al gestor que les llevaba el papeleo desde hacía años, estas tres parejas de la capital han recibido este viernes ocho cartas de embargo, en las que la Agencia Tributaria les anuncia que va a quedarse con su casa, su coche, el camión que uno de los afectados utiliza para trabajar, así como otros bienes.

Han pasado ya más de tres años de la fecha en la que deberían haber abonado los impuestos correspondientes de la venta, aunque los afectados aseguran que "sí cumplieron con el fisco", pero "pecamos de ingenuos por la relación tan consolidada que teníamos con él", según ha publicado este domingo el diario 'Sur'.

De esta forma, Hacienda ya no les exige la cantidad inicial, 200.000 euros por matrimonio, sino más del triple por los recargos e intereses, por lo que los afectados han confesado que "estamos en la ruina: perdemos nuestras casas y yo me quedo sin mi medio de sustento, que es el camión".

Además, han asegurado que "nos está costando la salud", ya que se en encuentran en tratamiento psicológico, y uno de ellos en diálisis, desde hace unos meses. Ahora "lamentan no haber denunciado antes", ya que "cuando empezaron a llegar los requerimientos de pago, él primero nos dio largas, diciendo que Hacienda se había equivocado, y después nos amenazó con que si le denunciábamos, no veríamos un duro", ha explicado.

Asimismo, los denunciantes lamentan que el gestor, al que acusan de apropiación indebida y que cuenta con una oficina en la capital, siga ejerciendo su profesión, ya que "sabemos que hay más familias en situaciones parecidas", han indicado, según este diario.

La demanda fue admitida a trámite el 7 de octubre de 2010 por el juzgado número 7 de lo penal de Málaga, pero aún no hay fecha de juicio. Según el letrado de los afectados, el gestor ha admitido los hechos en su declaración ante el juez, pero se declara insolvente.