El 88,7 por ciento de los inmigrantes instalados en Navarra no tiene previsto retornar a su país de origen en los próximos cinco años, pese al empeoramiento de las condiciones laborales que ha generado la crisis económica en este colectivo.

Así lo constata el cuarto estudio sobre la situación de esta parte de la población realizado por el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra (OPINA), que concluye que la coyuntura económica no ha generado un incremento ostensible del deseo de retorno al país de origen o de marcha a otro país entre la población inmigrante.

Según el estudio 'La incidencia de la crisis en el colectivo inmigrante en Navarra. Encuesta 2010', tres de cada cuatro encuestados muestra su intención de permanecer en Navarra en el próximo lustro y sólo un 11,3 por ciento muestra voluntad de regresar a su país en este intervalo.

No obstante, ha aumentado ligeramente (del 4,5% al 13,2%) el porcentaje de inmigrantes que valora la posibilidad de desplazarse a otra comunidad autónoma en los próximos cinco años en busca de nuevas oportunidades laborales.

El pronóstico a corto y medio plazo del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra es que no se incrementarán sobremanera los flujos migratorios. Descarta además un retorno masivo a los países de origen.

El estudio recalca que el deseo de permanencia de esta población se ve ratificado en la posesión generalizada de tarjetas de residencia permanentes, la reagrupación familiar realizada y el aumento de las adquisiciones de la nacionalidad española.

Menos actividades sociales

Según el estudio, el 71,5 por ciento de los inmigrantes consultados aseguran realizar menos actividades sociales desde que comenzaron a percibirse los efectos de la crisis. Asimismo, un 53,9% asegura que sus condiciones laborales han empeorado, un 47,3% que ha visto incrementadas sus deudas en el hogar y un 36,1% ha perdido algún trabajo.

Además, el 31% de los encuestados señala como consecuencia directa de la crisis la imposibilidad de reagrupar a familiares que deseaba traer a España, un 34,9% se ha visto obligado a cambiar de vivienda y un 22,8% se ha visto afectado por un expediente de regulación de empleo.

Finalmente, el 31,6% de los consultados expresa que su deseo es volver a su país, pero no tiene medios para hacerlo, y el 23,8% asegura que su familia depende de sus ingresos. El 47,7% ha realizado cursos de formación para sortear la crisis.

La Encuesta 2010 revela que las personas entrevistadas del norte de África son quienes padecen más severamente los efectos de la crisis en casi todos los parámetros analizados. En el polo opuesto se sitúan las personas procedentes de otros países de la Unión Europea y, dependiendo de los ámbitos, quienes han obtenido la nacionalidad española.

La mayor incidencia del desempleo, por su parte, aparece en el colectivo magrebí que tenía una mayor presencia en la construcción. Este colectivo es el que más ha perdido el empleo (53,2%), el que más se ha visto obligado a cambiar de vivienda desde 2008 (un 48,4%) o ha perdido una vivienda en propiedad o con opción a compra (12,9%).

Discriminación étnica

Por otro lado, el estudio sostiene que casi el 40% de las personas entrevistadas se sienten tratadas de forma diferente por ser inmigrantes. La mayor percepción de un trato diferencial se da en el trabajo (24%), en establecimientos públicos (21%) y en la calle (20,1%).

En general, las personas entrevistadas de América Latina y las procedentes del norte de África se sienten más discriminadas en casi todos los ámbitos, mientras que quienes provienen de la Unión Europea se sienten más aceptadas.

En concreto, el 38,5% de la población inmigrante ha utilizado entidades de iniciativa social dedicadas a su acogida e integración y el 24,1% ha utilizado los servicios sociales de base.