El Justicia sugiere al Ayuntamiento la posibilidad de reorganizar los centros de servicios sociales

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Ayuntamiento de Zaragoza que valore la posibilidad de reorganizar los centros municipales de servicios sociales, trasladando funcionarios de otros servicios que tengan menos demanda, con el fin de disminuir los plazos de espera de los ciudadanos.
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El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Ayuntamiento de Zaragoza que valore la posibilidad de reorganizar los centros municipales de servicios sociales, trasladando funcionarios de otros servicios que tengan menos demanda, con el fin de disminuir los plazos de espera de los ciudadanos.

García Vicente se ha pronunciado así después de recibir una queja el pasado 28 de enero de 2011 sobre el funcionamiento de los servicios sociales municipales y, en concreto, sobre la tardanza en ser atendido un ciudadano en el Centro Municipal de San José, en donde se le informó de que el plazo de espera era de un mes.

El informe del Justicia explica que el consistorio de la capital aragonesa reconoce que, efectivamente, el tiempo de demora es de un mes en estos centros por el "considerable aumento de la demanda en el último año sin que haya variado el número de profesionales para atender dicha demanda".

Al respecto, el Justicia precisa que "es consciente de que el incremento de las personas que se dirigen a los servicios sociales de base, como consecuencia de una crítica situación, ha supuesto el aumento de las solicitudes que demandan ser atendidos por los diversos centros municipales".

Además, esta primera fase desempeñada por los servicios sociales de base "es imprescindible para conocer la real situación de las personas que hasta ellos acuden y en consecuencia poder asesorarles de la mejor manera posible".

Igualmente, esta Institución es conocedora de la atención personalizada prestada en aquellos casos en los que la urgencia de las circunstancias obligan a dar preferencia a según qué supuestos.

Por todo esto, el Justicia estima que se trata de un asunto de funcionamiento interno de estos servicios y que es el propio Ayuntamiento de Zaragoza el encargado de organizar sus distintos centros municipales "para que, en la medida de lo posible, puedan reducir ese plazo de un mes con el que se está citando a los ciudadanos".

García Vicente también aclara que el retraso puesto de manifiesto en la queja "no supone ninguna irregularidad administrativa", aunque sea "comprensible" que "pueda resultar molesto en el caso de tener que presentar previamente dicho documento".

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