Los votos del PPdeG han sacado adelante una iniciativa parlamentaria en la que se insta a la Xunta a presentar un programa de medidas que, "respetando el valor patrimonial y medioambiental del caballo gallego del monte", permita proteger "los legítimos intereses" de los propietarios agrarios ante los daños que pueden provocar reses sueltas y reclama, entre otras iniciativas, que se promuevan los cambios legislativos necesarios para que los ayuntamientos puedan sacrificar "de inmediato" a los animales que entren en propiedades privadas.

La proposición no de ley, debatida en la Comisión 7ª de Agricultura, pide también la colaboración con las administraciones locales para controlar la población de este tipo de reses y promover cercados para controlar también la vegetación e impedir que el ganado invada áreas en las que es "perjudicial" su presencia.

Asimismo, la propuesta, presentada por la popular Emma Álvarez Chao, pide a la Xunta crear un registro de terrenos forestales de pastoreo regulado y obligar a que los propietarios de ganado en cercados hagan una marca visible de las reses, además de implantar el microchip que ya es obligatorio.

Tanto el PSdeG como el BNG se han abstenido en la votación de la iniciativa y la portavoz socialista en materia de medio rural, Sonia Verdes, la ha calificado de "peregrina" y ha acusado al PPdeG de pretender "dejar solos a los ganaderos, los comuneros y los ayuntamientos" ante esta situación que, ha admitido, crea problemas por los daños en los cultivos y en casos en que los animales salen a las carreteras, con lo que pueden provocar accidentes.

Así, ha pedido a la Xunta que incluya un apartado específico en el anteproyecto de Ley de Montes que está redactando el Gobierno gallego sobre las reses en régimen de libertad o semilibertad.

NORMAS

Por su parte, la representante del BNG en el debate, Tereixa Paz, ha recordado que ya existen normas sobre el ganado equino y ha instado a poner en marcha los instrumentos ya previstos en este ámbito.

Además, Paz ha dicho no entender la necesidad de obligar a los propietarios a marcar las reses, cuando se trata de un deber ya incluido en la legislación gallega y la reclamado a la Xunta que "cumpla la legalidad vigente".