La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar, Saturnino García, ha presentado en el Ayuntamiento de Güímar (Tenerife) una moción en la que solicita respuesta a todas las promesas y acuerdos institucionales relativos a la resolución definitiva del problema de la extracción ilegal de áridos en Güímar.

De este modo y según explica en un comunicado, bajo el amparo de los derechos de participación en los plenos municipales, la Asociación 'Saturnino García', solicita que el consistorio güimarero responda toda una batería de preguntas referentes a los acuerdos adoptados durante estos últimos cuatro años de legislatura, referentes a la resolución definitiva del problema de las extracciones ilegales, y la exigencia de responsabilidades a los infractores.

La Asociación manifiesta que aún no ha recibido noticias de muchos de estos acuerdos, aunque la mayoría de ellos sí sabe con certeza que no se han cumplido.

La moción presentada se divide en tres partes. La primera de ellas es un bloque referido a cinco acuerdos que el alcalde, Rafael Yanes (PSOE), se comprometió personalmente a llevar a cabo, respondiendo a solicitudes expresas de esta asociación, y que no se han cumplido. Destaca el de asegurar un sistema de vigilancia para evitar las actuaciones ilegales de rotura de precintos y posibles extracciones en las zonas cerradas por orden judicial.

El segundo bloque de preguntas hace referencia a solicitudes presentadas por escrito al Ayuntamiento. Por ejemplo, el 9 de octubre de 2009 se pidió una vía alternativa que permita el paso mientras se culminen las obras de reparación del Camino Real, afectado por derrumbamiento por culpa de la cantera de áridos conocida como de 'Julio del Rosario'. El 10 de diciembre del mismo año se solicitó que el Ayuntamiento actuara para exigir la reparación de los daños causados por la cantera de 'Llano Grande', que actualmente supone un riesgo, dada su ubicación. Ninguna de estas peticiones ha recibido respuesta.

El tercer bloque cuestiona al Ayuntamiento sobre el cumplimiento de hasta cuatro acuerdos plenarios referentes al cambio de categoría a rústico de protección agrícola del suelo afectado, y a la ejecución de los trámites necesarios para exigir la restauración de la zona afectada, a cargo de quienes provocaron el daño ambiental de forma ilegal. ANTECEDENTES

Cabe recordar que el día 5 de marzo de 2010, esta asociación organizó una visita a la que acudió el alcalde, y que tenía por objeto que la entonces consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, doña Pilar Merino, conociera la situación de los barrancos. Tras la inspección, Rafael Yanes se comprometió a elevar a la fiscalía la situación de las canteras, previa recopilación de informes por parte de los técnicos municipales y de diversas administraciones (para lo cual se otorgó un plazo de 3 meses), solicitando la restauración de los barrancos a cuenta de los infractores. Posteriormente, el día 26 de marzo de 2010, se adoptó un acuerdo plenario que recogía esta iniciativa. Aún no ha habido respuesta en ningún sentido, y el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida al respecto, a pesar de haberse cumplido sobradamente el plazo de 3 meses objeto del compromiso.

El día 25 de enero de 2011, en el último punto del Pleno municipal se acordó por unanimidad iniciar la modificación-revisión parcial del Plan General para el cambio de categorización del suelo donde se localiza el ámbito extractivo, a suelo agrícola. Este acuerdo fue solicitado además por el Cabildo de Tenerife al Ayuntamiento. Sin embargo, no hay noticias aún de su cumplimiento.

A juicio de la asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar, esta última es la cuestión fundamental que debería haber quedado garantizada en esta legislatura, pues se trata de un acuerdo reiterado en multitud de ocasiones, y que será lo único que garantizará que jamás se reabran las areneras que tanto daño han causado al pueblo de Güímar.