La base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, está generando nuevamente empleo después de que hace poco más de tres meses un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido sobre sus servicios civiles y de mantenimiento se saldase con la extinción de 199 puestos de trabajo. A cuenta de unas reciente maniobras militares y del "impacto" de la ofensiva aliada en Libia, bautizada como 'Odisea al Amanecer', la empresa 'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), adjudicataria de los servicios civiles de estas instalaciones, ha contratado a aproximadamente 80 personas para dar cobertura a las nuevas contingencias, siendo la mayoría de los beneficiarios de estas contrataciones eventuales trabajadores afectados por el citado ERE.

El presidente del comité de empresa de la base aérea de Morón de la Frontera, Sergio Martínez Fernández, ha explicado a Europa Press que, como consecuencia de las operaciones aliadas en Libia, ha "aumentado" intensamente el tráfico aéreo en las instalaciones militares y, meses después del mencionado expediente de regulación de empleo, 'Vinnell-Brown ant Root Spain' "está volviendo a contratar personal" para hacer frente a la carga de trabajo que afronta la base aérea.

En concreto, ha señalado que a través de varias tandas, la empresa gestora de los servicios civiles y de mantenimiento de las instalaciones militares ha promovido aproximadamente 80 contrataciones, todas ellas eventuales. En la mayoría de los casos, los beneficiarios de estos contratos eventuales son trabajadores afectados por el mencionado expediente de regulación de empleo, dado que el plan social creado en torno a este procedimiento contemplaba la contratación de miembros de este colectivo en el caso de que la base necesitase mano de obra ante contingencias eventuales.

Así, el presidente del comité de empresa ha celebrado estas contrataciones y ha manifestado su deseo de que la base aérea conserve su actividad, dado su papel como agente generador de empleo en esta comarca sevillana.

El ere de la base de morón

Como se recordará, 'Vinnell-Brown & Root Spain', adjudicataria desde el 1 de agosto de 2010 de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, había impulsado un ERE "por causas organizativas, productivas y de fuerza mayor", destinado a extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación durante el periodo de consultas, el pasado 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir.

Pero la autorización de este expediente de regulación de empleo, librada el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, y recogida por Europa Press, reducía finalmente a 119 el número de puestos de trabajo afectados por el procedimiento. Dicho documento, en ese sentido, reflejaba que este departamento autonómico había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento, cosechando del Servicio Público de Empleo Estatal tres informes emitidos los días 25 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2010.

Examen de los contratos

En el informe correspondiente al 2 de diciembre, siempre según este documento, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, "constituye un indicio racional de fraude".

No obstante, la propia autorización del ERE recogía, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión, del listado de contratos a extinguir, de los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados afectados por el procedimiento.