Un total de 90 ayuntamientos de Navarra se han visto afectados por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente, a petición del Estado, la aplicación de la ley foral que permite a las entidades locales de la Comunidad foral endeudarse en 2011.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, ha dicho en rueda de prensa que a la fecha de la suspensión de esta ley, a principios de abril, "serían 90 las entidades locales de Navarra que tienen autorizadas inversiones en base a criterios de viabilidad amparados por la normativa foral y que se van a encontrar ante la imposibilidad de suscribir créditos para financiar obras en muchos casos ya iniciada o próximas a su finalización".

El importe total de estas obras está estimado en 44,5 millones de euros, de los que las entidades locales aportarían unos 10,15 millones.

El portavoz del Gobierno ha defendido que "estamos ante una grave e injusta situación que afecta a las competencias de Navarra, tal y como recoge la propia Lorafna, y que deja a la Comunidad foral inerme y con la obligación de aplicar una normativa que le resulta ajena y que afecta a las garantías y seguridad jurídica en la financiación de las entidades locales de Navarra".

Por ello, el Ejecutivo foral ha reclamado que se revoque la suspensión cautelar de la norma, ante la situación de "inseguridad jurídica" que genera para las entidades locales de Navarra con obras ya en marcha para la construcción de infraestructuras básicas de saneamiento, alumbrado, pavimentación y redes.

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este lunes comparecer y personarse en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central.

Alberto Catalán ha advertido de que la situación generada tras el recurso "va a producir el impago a constructoras que han cumplido con sus compromisos contractuales, soportando el coste de las obras y poniendo en una situación crítica al sector empresarial, que, por cierto es el sector más afectado por la crisis económica".

Igualmente, ha señalado que "la no realización o el impago de las inversiones que no van a poder financiar las entidades locales podría afectar a más de 2.200 empleos".

Catalán ha hecho hincapié en que se trata además de "la ejecución de obras de servicios básicos de los ayuntamientos, saneamientos, abastecimientos, pavimentaciones, que estamos hablando de entidades locales que tienen regulada por ley su situación económica financiera, que son obras revisadas exhaustivamente, obra por obra, por el Gobierno de Navarra, y que además las entidades locales navarras, dentro del panorama de los ayuntamientos nacionales, están en mejor situación que el resto de entidades locales del resto de España".

Por otra parte, Alberto Catalán ha defendido que "el Gobierno de Navarra y las entidades locales han venido actuando con respeto y lealtad hacia el Gobierno de España para llevar a cabo diferente tipo de medidas y estas normativas que nos han dado unos magníficos resultados en los últimos años", y ha criticado que "no se merecen un comportamiento como el que estamos padeciendo en este momento".

En definitiva, ha subrayado que "no es justo tratar de la misma manera a todo el mundo independientemente de que lo hagan bien o mal, y tampoco es justo que un Gobierno que se ha venido caracterizando por la aplicación de la responsabilidad, del rigor en las cuentas y la puesta en marcha de medidas que palían la crisis económica, reciba este trato".