Las causas judiciales no suponen un impedimento para los partidos gallegos en lo que respecta a sus fichajes para competir en las urnas. Así lo evidencia el hecho de que, en su conjunto y salvo cambios de última hora, presentarán al menos una decena de cabezas de cartel imputados por distintos delitos, entre los que no falta la corrupción, la prevaricación y las irregularidades urbanísticas.

No en vano, Galicia se sitúa junto con Andalucía, Canarias, y la Comunidad Valenciana en el ranking de las comunidades autónomas con mayor número de candidatos implicados en casos judicializados. En el conjunto del territorio nacional, más de un centenar de aspirantes, incluido un presidente autonómico, el valenciano Francisco Camps, están en una situación de este tipo.

Los dos grandes partidos acumulan más del 80 por ciento de los nombres con causas pendientes con la justicia, mientras que el resto pertenecen a IU, CiU y pequeños partidos. También en la Comunidad gallega, populares y socialistas se reparten, en su mayor parte, los candidatos salpicados por conflictos judiciales de diversa índole u operaciones contra la corrupción, mientras que, en el caso del BNG y de las formaciones independientes el número de casos disminuye, como también es menor su presencia en las corporaciones.

Entre los casos más recientes figura la denominada 'Operación Orquesta', que investiga una supuesta trama de corrupción vinculada a irregularidades en la adjudicación de obra pública. A causa de la misma, han sido imputados los alcaldes de Fisterra (A Coruña), José Manuel Traba, y de Mazaricos (A Coruña), José Manuel Santos, así como el regidor de la también localidad coruñesa de Cee, Ramón Vigo.

En los tres casos —los dos primeros del PP y el tercero, independiente— y salvo cambios de última hora optarán a la reelección el próximo 22 de mayo.

Los populares coruñeses contarán también en Ares para la cita con las urnas con José Manuel Cendán, que está pendiente de juicio tras ser acusado de inflar el padrón para las elecciones de 2003. Fuentes de la dirección provincial del PP han asegurado a Europa Press que el candidato está "muy tranquilo" y que da por hecho que será "absuelto".

Por otra parte, el PP no ha dejado de contar en las localidades pontevedresas de Portas y Baiona con Roberto Vázquez Souto y Jesús Vázquez Almuiña, que también se han visto implicados en conflictos judiciales. En el caso de Vázquez Souto, se le ha imputado un delito de falsedad en documento mercantil y otro contra la hacienda pública por supuestas irregularidades en la liquidación del impuesto de sociedades de una promotora inmobiliaria de la que es administrador.

El alcalde de Portas había sido condenado, además, a un año de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios municipales —por haber contratado a sus empresas para prestar servicios al ayuntamiento—, pero la sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que la revocó. Por su parte, al regidor de Baiona se le imputó prevaricación al negarle una licencia de construcción a una sociedad, pese a cumplir con los requerimientos legales.

Casos de psoe y bng

El hecho de que el alcalde de la localidad coruñesa de Muxía, Félix Porto, esté imputado a raíz de una querella del PP por supuestos delitos de caudales públicos y fraude en subvenciones por el caso de una supuesta agente electoral tampoco ha evitado que los socialistas sigan confiando en él y que vaya a repetir como cabeza de lista para las próximas municipales.

En situación similar se encuentra el alcalde de O Grove (Pontevedra), el socialista José Antonio Cacabelos, imputado por delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias por supuestamente favorecer a una empresa de su hermano con obras del Plan E, que también optará a la reelección. En todo caso, el fiscal pidió el archivo de las diligencias al considerar que no existe delito.

Sin salir de la provincia de Pontevedra, también optará a la reelección el alcalde de Caldas de Reis (Pontevedra), el socialista José Manuel Rey, imputado por un supuesto delito de desobediencia por no derribar parcialmente una casa, pese a que él no era regidor cuando se le otorgó la licencia al inmueble.

El alcalde de Castro de Rei (Lugo), Juan José Díaz Valiño, que también volverá a ser candidato por el PSOE, fue imputado tras su detención en octubre de 2009 por un caso de supuesta adjudicación irregular de obras subvencionadas, como las del 'Plan E' o el Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Lugo, y el posible inflado de presupuestos.

Por último, el actual regidor de Arzúa (A Coruña), el nacionalista Xaquín García Couso, optará a la reelección, pese a que fue condenado a seis meses de inhabilitación por no ejecutar un derribo de un edificio. Sin embargo, la sentencia era de 1997 y él accedió a la Alcaldía en 2003.

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