El consejero de Medio Rural y Pesca del Principado, Aurelio Martín, ha destacado este viernes el compromiso de su departamento para agilizar una preconvocatoria en concurrencia pública para el conjunto de los municipios del ámbito rural con el objetivo de "no perder" los 8,3 millones de euros que se movilizarán para Asturias vinculados a la Ley de Desarrollo Rural.

Al respecto, Martín ha indicado que se podrán presentar a esta preconvocatoria ayuntamientos, particulares y empresas para que "ese dinero no se pierda". "La convocatoria formal sería después, una vez firmado el convenio con el Ministerio, pero esta preconvocatoria permitiría ganar tiempos administrativos", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado en declaraciones a los medios de comunicación que el 4 de marzo Asturias, junto con Aragón y Navarra, ha visto aprobados sus planes de zona de la Ley de Desarrollo Rural. "Somos las tres primeras CCAA que han visto aprobados sus planes de zona", ha aseverado añadiendo que "eso significa que de forma inminente se firmará un convenio que permitirá movilizar 8,3 millones de euros en el Principado de Asturias".

Así lo ha dicho tras reunirse en la sede de la Consejería con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón, para tratar sobre la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

La reunión ha respondido a la necesidad de ver cómo esto se hacía de la forma más rápida para el beneficio de los municipios rurales, ha explicado el consejero incidiendo en la importancia de potenciar en esta convocatoria "la actividad productiva, la generación de empleo y la formación de los trabajadores".

Por su parte, García Vigón ha argumentado que estos planes, que tienen un horizonte temporal a cinco años, tratan de poner en valor productos propios así como potenciar la colaboración institucional y de los agentes sociales en el medio rural para garantizar la actividad y consolidar puestos de trabajo.

Igualmente, el consejero ha resaltado que en los próximos cinco años se van a movilizar con esta Ley más de 82 millones de euros que afecta al conjunto del medio rural, incluidas infraestructuras y patrimonio, siendo los primeros ejes que se refuercen la creación de empresas, el impulso de la actividad productiva y la formación.