El TSJA aprueba eximir de nuevos asuntos durante seis meses a la juez que investiga los ERE

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado este martes eximir del reparto de nuevos asuntos durante un periodo temporal de seis meses a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga, entre otros asuntos de gran envergadura, la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, durante el Pleno celebrado por la Sala de Gobierno del TSJA en la mañana de este martes, se ha aprobado la propuesta planteada por la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla en cuanto a eximir durante seis meses del reparto de nuevos asuntos a la juez Alaya, que, sin embargo, sí deberá hacer frente a los casos que le entren durante sus turnos de guardia.

Asimismo, las mismas fuentes han precisado que, en el mismo Pleno, la Sala de Gobierno ha informado favorablemente de la petición realizada por la juez que investiga los ERE en cuanto a contar con un juez de apoyo que la sustituya en los juicios de faltas, tras lo cual ha elevado la cuestión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá ser el que, en última instancia, tome una decisión sobre la medida de refuerzo solicitada.

Hay que recordar que, a principios del pasado año 2010, la juez Mercedes Alaya ya estuvo exenta del reparto de asuntos durante tres meses debido a la "excesiva" carga de trabajo que venía soportando, provocada entre otros por el caso Mercasevilla. Una vez finalizados los tres meses señalados, la juez no solicitó la prórroga de la medida durante el mismo periodo temporal.

En estos momentos, la juez está investigando asuntos como el caso Mercasevilla, que engloba el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza, la supuesta venta "fraudulenta" de los suelos del merca y un presunto delito societario; la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE incentivados por la Junta de Andalucía, o la demanda por presunto delito societario contra el máximo accionista del Real Betis Balompié, Manuel Ruiz de Lopera.

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