El Gobierno vasco ha aprobado este martes un acuerdo que establece la obligación del sector público dependiente de la Administración General de la comunidad autónoma de realizar sus pagos en un plazo máximo de 30 días.

El acuerdo afecta a todas las operaciones comerciales realizadas, a partir de enero de 2012, por los poderes adjudicatarios de la Administración General y de sus organismos autónomos, consorcios, entes, sociedades y fundaciones públicas, según ha informado en un comunicado el Departamento de Economía.

Con esta decisión se adelanta en un año la fecha de inicio que se establece en la Ley de Contratos del Sector Público. Además, se reduce de 50 a 40 días el plazo previsto para las operaciones que se efectúen en el segundo semestre de 2011.

El acuerdo no será de aplicación en las entidades sanitarias públicas que como Osakidetza podrán disponer de un plazo de pago de hasta 60 días, tal y como señala la última norma europea sobre morosidad (Directiva 2011/7 UE).

El Departamento de Economía ha destacado que el recorte de los plazos de pago "es una medida que incrementa la fluidez financiera del sistema, contribuye a aumentar la solvencia de las empresas proveedoras y reduce sus costes de financiación, lo que favorece la obtención de mejores precios en la compra de bienes y servicios".

La Oficina de Control Económico establecerá un sistema de información pública trimestral en el que se detallarán los plazos medios de pago y los intereses de demora generados por los posibles incumplimientos.