El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados y coordinador de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo-Figueroa, ha asegurado que el PP propondrá un pacto de Estado entre las Administraciones Públicas y los partidos políticos en materia de Justicia para que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) de modo que el enjuiciamiento criminal "corresponda a los jueces, y la instrucción a los jueces o a los fiscales, y no a la policía judicial" dependiente "del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba".

Federico Trillo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de ofrecer la conferencia 'Reflexiones sobre la situación de la Justicia' en el Colegio de Abogados de Elche (Alicante), donde ha señalado que el PP propondrá "que se alcance un pacto de Estado entre todas las administraciones públicas" en materia de Justicia, con la intención de que "se incremente su presupuesto, se racionalice el gasto, se mejore la dotación de infraestructuras y se realicen nuevas leyes".

En referencia a las nuevas leyes, Trillo ha indicado que la que tiene prioridad es "la de Enjuiciamiento Criminal", y ha apuntado que esta ley debería contemplar que "el enjuiciamiento criminal corresponda a los jueces, y la instrucción a los jueces o a los fiscales, y no a la policía judicial".

"Hoy quien instruye en España, y lo saben bien en la provincia de Alicante y en la Comunitat Valenciana, es la policía dependiente de Rubalcaba, eso son los que instruyen" ha señalado Trillo, que ha añadido que "con la colaboración del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es muy fácil aplicar dos varas de medir".

El pacto de Estado en materia de Justicia no se referirá "solo a una cuestión de medios", sino también ha modificar "leyes muy obsoletas", como la de Enjuiciamiento Criminal, que está "en una situación dramática".

Trillo ha destacado que la justicia "debe ser una prioridad de la próxima legislatura, y debe serlo también a partir de las próximas elecciones municipales, porque los alcaldes deben propiciar la colaboración con la administración regional y con el Gobierno central, para dotar a los Juzgados de infraestructuras y medios para atender una elemental necesidad ciudadana".

"La crisis económica está muy vinculada a la crisis de la justicia, en la medida en que cualquier persona que quiera sentirse segura invirtiendo o que quiera tener confianza en las instituciones económicas, previamente tiene que saber que los créditos se cobran, que las deudas se pagan, y que las sentencias se ejecutan, y tiene que tener confianza en los tribunales, si eso no se recupera, será imposible la recuperación aconómica" ha concluido Trillo.