La Diputación Provincial de Teruel ha solicitado al Juzgado Contencioso Administrativo que no aplique las medidas cautelares solicitadas en la demanda del diputado no adscrito, Joaquín Moreno, quien llevó a los tribunales el Plan de Obras y Servicios (POS) que la institución provincial aprobó el pasado 11 de marzo y que contempla obras en 127 localidades.

Moreno apuntaba en su demanda que "este acuerdo vulnera la legalidad y el criterio de igualdad que debería de prevalecer en el manejo del dinero público", mientras que el equipo de gobierno de la DPT le recuerda que él mismo apoyo un reparto igual en los tres años anteriores de la legislatura, cuando todavía representaba al Partido Aragonés.

El presidente de la DPT, Antonio Arrufat, ha señalado que han solicitado al Juzgado que no aplique dichas medidas cautelares para que los planes puedan aplicarse y los Ayuntamientos puedan ejecutar las obras que se les aprobaron. Además, ha indicado que "hemos remitido una carta a los 236 Ayuntamientos de Teruel, a la Administración Central y a la Autonómica para que comparezcan en el caso".

De esta forma, Arrufat confía en que el juzgado atienda a sus peticiones porque "si hubiera suspensión cautelar se crearía un caos" ya que los Ayuntamientos no podrían comenzar unas obras que, en muchos casos son muy necesarias.

El presidente de la institución provincial ha vuelto a defender la actuación de la DPT en el reparto de los planes provinciales, bien sea en el POS, en el PAEM o en el FEADER, puesto que "en ese reparto entran todas las localidades". Además, ha asegurado que "tenemos unos criterios de reparto que se basan en la encuesta de infraestructuras y en las necesidades de cada municipio"; unos criterios que "son iguales que en años anteriores".

Por su parte, el vicepresidente de la DPT, Inocencio Martínez, ha señalado que confía en que el Juzgado "tenga en cuenta que, los planes se han repartido durante muchas legislaturas de una manera muy parecida a las de esta vez", pero sobre todo "durante esta legislatura ha sido exactamente igual y siempre se ha producido la misma votación", en la que el ahora miembro de Compromiso con Aragón, Joaquín Moreno, votaba a favor de ese reparto.

Martínez considera este voto "incomprensible", pero tampoco entiende que Moreno haya pedido la suspensión cautelar del POS puesto que "en muchos hay alcaldes que requieren ese dinero para hacer cosas importantes", al tiempo que ha añadido que "ese dinero va a venir bien a muchas empresas para mantener el empleo". Así que ha asegurado que "nos estamos jugando mucho más que una simple votación en un pleno".

El portavoz del Partido Popular, Luis Carlos Marquesán, ha señalado que "no estamos de acuerdo con la impugnación del diputado no adscrito" porque "supone una inseguridad jurídica con respecto a la ejecución del POS y suponemos que sobre el PAEM volverá a hacer lo mismo".

A su parecer, "si se adoptasen medidas cautelares", ha dicho Marquesán, "se pondría en serio riesgo la ejecución de los Planes de 2011 y eso no es lo que necesita la provincia, ni ninguno de sus municipios". Ya que, aunque el juzgado dictara sentencia en unos seis meses, con los recursos, el conflicto se podría alargar varios años.

Todas estas declaraciones se realizaban antes del Pleno en el que se ha aprobado el Plan de Ayuda al Equipamiento Municipal (PAEM) 2011, el último de los planes provinciales que la DPT aprobará este año.

El Plan supondrá una inversión de 7.944.378 euros que permitirán realizar más de 150 obras destinadas a mejorar las infraestructuras y servicios de las localidades de la provincia.

Además, y según lo aprobado por la DPT el pasado mes de marzo, la institución provincial adelantará a los Ayuntamientos el 55 por ciento del presupuesto una vez se liciten las obras.

Inocencio Martínez ha manifestado que, la suma de todos los Planes provinciales que aplicará la DPT este año suponen una inversión de cerca de 20 millones de euros que "supondrá que algunas empresas podrán tener trabajo y, tal y como está la crisis, seguro que lo agradecerán".