El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha afirmado que la Xunta estudiará "jurídicamente todas las posibilidades" que tiene para imponer multas a las compañías eléctricas que cometan abusos y ha manifestado que el Gobierno gallego está "dispuesto" a establecer "medidas más coercitivas" que las actuales.

Guerra ha indicado, tras mantener una reunión con asociaciones de consumidores gallegas sobre este asunto, que la consellería ha propuesto en reuniones de la conferencia sectorial de consumo una acción coordinada en todo el Estado, pero "no hubo respuesta", por lo que la Xunta ha iniciado contactos con otras comunidades para buscar una estrategia común. En los próximos días, ha dicho, habrá una reunión con responsables de la Comunidad de Madrid, que propone sancionar a las eléctricas.

El objetivo, ha expuesto el titular de Economía e Industria, es "ver cuál es el mejor camino" para defender los derechos de los consumidores ante las eléctricas, que han generado en el primer trimestre del año 5.430 quejas en el Instituto Galego (IGC) de Consumo por la facturación, más del doble que las registradas el año pasado en el mismo periodo (2.101).

El conselleiro supone que en otras comunidades se habrá producido un incremento similar de las quejas, por lo que insiste en la necesidad de coordinarse entre las autonomías para tomar medidas en este sentido. Los contactos, ha apuntado, también se han producido con las propias empresas.

Además, la Xunta ha puesto en marcha el programa 'Belenus' para informar sobre la facturación eléctrica y ha "intensificado" las inspecciones para detectar posibles abusos. Estos controles ya han detectado "casos concretos" y los inspectores recaban ahora documentos sobre la información que las eléctricas ofrecen a sus clientes, analizan las ofertas publicitarias para captar clientes y requieren contratos para comprobar si contienen cláusulas abusivas.

Entre los casos ya detectados, ha citado un anuncio publicitario en el que se promocionaba un descuento del 20% en la factura, que en realidad se aplicaría sólo a la parte fija —una parte del coste procede de un fijo y otra es variable—.

Guerra ha indicado que la Ley de Consumo de Galicia, en fase de exposición pública desde el 1 de abril, determina que la información a todos los consumidores debe ser "clara" y fija que todas las normas sectoriales deben respetar los derechos de los mismos. Además, ha agregado que, en el caso concreto de las eléctricas indica que las compañías deben dar respuesta antes de dos horas a sus clientes en caso de cortes de suministro.

Bajada de los precios

El conselleiro de Economía e Industria ha criticado que se congelase la factura de la luz pese a que el precio quedó rebajado en la última subasta un 9,43%. "No se aprovechó ese descenso, pese a ser un momento especialmente difícil", ha censurado.

Asimismo, Guerra ha reiterado las reclamaciones de la Xunta ante el Gobierno central en esta materia. El Gobierno gallego se opone a la eliminación del bono social y pide que se mantengan lo 10 kilowatios de potencia contratada para poder aplicar la tarifa de último recurso (TUR), que esta se actualice con criterios "objetivos y nunca por encima del IPC" o que se suprima el recargo por exceso de consumo.

También insiste en la necesidad de que no se facture por estimación, sino por consumo real, y pide que "en la medida de lo posible" se establezca un modelo de factura que sea igual para todas las empresas.