El consejo de administración de Sprilur aprobó la pasada semana encargar dos informes jurídicos para ejercitar acciones penales o civiles sobre tres operaciones de compra de suelos gestionados entre 2006 y 2008, durante el mandato del anterior Gobierno del PNV.

En un comunicado, ha indicado que los dos informes jurídicos buscan "recuperar ya" el dinero perdido en las tres operaciones, cifrado en casi cinco millones de euros, lo que ha obligado a Sprilur a provisionar esta cantidad en su cuenta de resultados de 2010, según se acordó en el Consejo de Administración del 29 de marzo.

En este sentido, ha apuntado que las posibles acciones judiciales para recuperar el dinero se dirigirían, tanto a los responsables de Sprilur de la anterior legislatura como a los vendedores de los terrenos.

Sprilur ha explicado que la mayor parte del dinero procede de una compraventa en Santurtzi, un área de más de 120.000 metros cuadrados adquirida en 2007, un hecho que fue denunciado a los tribunales por el Departamento en julio pasado.

La mayor parte de los terrenos son de un propietario, en concreto 105.000 metros cuadrados, a quien se le pagaron 3.534.509 euros por un suelo rústico y sobre el que el Ayuntamiento de Santurtzi "dijo que nunca había habido ningún plan para recalificarlo como industrial". De aquella cantidad, la SPRI pagó entonces 460.135 euros mediante un talón al portador.

Según ha añadido, había un segundo propietario del suelo, con 18.241 metros cuadrados, al que en un primer contrato se le pagaron 80.235 euros. Sprilur ha afirmado que se suscribió un segundo contrato en el que se condicionaba el pago de otros 741.994 euros a inscribirse sus fincas en el registro. Sprilur ha precisado que, como no lo hizo en el plazo fijado, la Spri ha conseguido eximirse del pago de esos 741.000 euros.

Sobre las otras dos operaciones, en otros suelos del País Vasco, Sprilur ha estimado las pérdidas en casi dos millones, en concreto, cerca de 1,1 millones en un caso y más de 600.000 euros en el otro caso. Los informes también determinarán acciones civiles o penales para reclamar el dinero tanto a los gestores de Sprilur entre 2006 y 2008 como a los vendedores de dicho suelo.