El Ayuntamiento de Santoña deberá indemnizar a un ingeniero que perdió una obra por negarle la licencia

El Ayuntamiento de Santoña deberá indemnizar con casi 13.000 euros a un ingeniero técnico industrial que perdió un contrato de una obra porque le denegó la licencia alegando que no él era apto para firmar el proyecto.

El Ayuntamiento de Santoña deberá indemnizar con casi 13.000 euros a un ingeniero técnico industrial que perdió un contrato de una obra porque le denegó la licencia alegando que no él era apto para firmar el proyecto.

Así se acuerda en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander, conocida este lunes, que estima un recurso del ingeniero y condena al Consistorio a indemnizarle con el importe del contrato de la obra y los derechos del visado (12.762 euros) más intereses.

Según se explica en la sentencia, el afectado proyectó la reforma de una nave de una fábrica conservera y presentó la petición de licencia en el Ayuntamiento, que se la denegó porque, a su entender, el ingeniero carecía de la titulación adecuada para la suscripción del proyecto.

La decisión fue recurrida ante el propio Ayuntamiento por el afectado y por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Cantabria, que presentó la documentación que avalaba su acreditación.

Sin embargo, el Ayuntamiento no atendió el recurso, así que el asunto terminó en los tribunales que, en sentencia firme, han dado la razón al ingeniero y han anulado la decisión del Consistorio.

El problema es que durante el tiempo que se demoró ese procedimiento judicial, el dueño de la conservera, al que le urgía realizar las obras, contrató a otro ingeniero que firmó un proyecto con "ligeras diferencias" sobre el anterior, pero "sustancialmente, el mismo".

El Juzgado de lo Contencioso considera ahora al Ayuntamiento responsable de los perjuicios sufridos por el primer ingeniero al perder el contrato y condena a la administración municipal a indemnizarle.

Aunque el Consistorio alegaba que el procedimiento se llevó a cabo "con rigor, evaluando minuciosamente la competencia" del ingeniero, el juzgado recuerda que el Ayuntamiento "tuvo a su alcance" la información aportada por el Colegio de Ingenieros Técnicos que avalaba la capacitación del afectado y aún así mantuvo su decisión, que finalmente fue anulada por una sentencia en septiembre de 2006.

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