El Gobierno andaluz va a estudiar "en detalle y con rigor" el nuevo auto dictado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que vuelve a solicitar a la Junta todas las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad en el marco de las diligencias incoadas sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la administración autonómica, aunque en una "primera lectura" percibe que la magistrada realiza un "acotamiento" de la petición formulada en relación con las actas del Consejo en el auto precedente del pasado 21 de marzo.

Fuentes del Ejecutivo andaluz han manifestado a Europa Press que la Junta "siempre estudia los autos del juzgado y siempre los atiende, prueba de ello son los más de 150.000 folios de documentación que obran ya en poder del Juzgado para la oportuna investigación del caso, en la que compartimos intereses comunes con la magistrada de llegar hasta el final y que paguen los responsables" del presunto fraude.

Junto a ello, las mismas fuentes han señalado que "de una primera impresión tras la lectura de los 21 folios que componen el nuevo auto de la juez, en relación con la solicitud de las actas del Consejo de Gobierno se observa que hay un acotamiento de lo que se pide", lo que, en su opinión, constituye "una coincidencia de planteamiento con lo expresado por la Junta en la necesidad de concreción de dicha petición".

Por último, las fuentes consultadas por Europa Press han recordado que el requerimiento de inhibición de competencia anunciado por la Junta el pasado martes tras el Consejo de Gobierno en caso de que la juez no accediese a "vías alternativas" para conocer "idéntica información" a la demandada a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos" del Consejo no se dirige contra la actuación de la magistrada en el caso, sino que se refiere a su petición de "levantamiento generalizado de la reserva de las actas del Consejo de Gobierno".

En el auto notificado este viernes a las partes, la juez Mercedes Alaya vuelve a requerir a la Junta las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad, argumentando que, por su parte, "no se están pidiendo las deliberaciones y votaciones, sino únicamente las actas con los acuerdos", los cuales, a entender de la magistrada, "no son secretos".