La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Ruiloba, gobernado por el PRC, a que cumpla con un acuerdo plenario en el que, a instancias del PP, se aprobó la contratación de una auditoría externa sobre la situación del Consistorio.

En concreto, el Pleno del Ayuntamiento de Ruiloba de noviembre de 2008 aprobó una propuesta de la oposición del PP en la que se aprobaba realizar una auditoría externa del Consistorio a partir del año 1999, además de una modificación presupuestaria, aprobar la convocatoria de una mesa de contratación con presencia de los tres grupos municipales, y solicitar al Tribunal de Cuentas que realizara una auditoría.

Como ese acto no se ejecutó, los concejales del PP pidieron que se ordenara su cumplimiento mediante una sentencia, pero esta pretensión fue rechazada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que interpretó que no había "inactividad" municipal para llevar a cabo el acuerdo, ya que se habían dado ciertos pasos para contratar la auditoría que no habían concluido por "dilaciones" que entraban "dentro de la razonabilidad temporal".

El PP apeló ese fallo, y ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC les da la razón, incidiendo en que el Ayuntamiento "no ha hecho posible" el cumplimiento del acuerdo, para la que no le sirve al tribunal la "excusa" planteada por el equipo de Gobierno, que, advierte, "tiene la obligación de llevar el acuerdo a puro efecto".