El Gobierno de Zapatero solicitó la ayuda de EE UU para resolver  el caso de María José Carrascosa, la abogada valenciana encarcelada en Nueva Jersey por un conflicto relacionado con la custodia de su hija, tras el fracaso diplomático sufrido en Chad, según uno de los cables filtrados por Wikileaks a los que 20 minutos ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten.

El incidente diplomático en la República del Chad catapultó al éxito al presidente francés, Nicolás Sarkozy, y humilló a Zapatero. El suceso arrancó el 25 de octubre de 2007 con la detención de los integrantes de la ONG francesa El Arca de Zoé cuando se disponían a abandonar el país centroafricano con 103 niños chadianos.

Entre los diecisiete europeos acusados de tráfico de menores se encontraban los siete tripulantes del avión español que fletaba la supuesta operación humanitaria y tres periodistas franceses. La noticia activó los dispositivos diplomáticos y la operación culminó el 4 de noviembre.

El éxito fue unilateralmente galo. Nicolás Sarkozy resolvió la situación mientras el Gobierno socialista se zambulló en un pantano de dudas y llamadas imprecisas. Sarkozy despegó su avión presidencial, voló a Yamena, charló con su homólogo Idriss Déby, recogió a cuatro azafatas españolas y a los tres reporteros franceses e hizo escala en Torrejón de Ardoz antes de aterrizar en París.

Un desorientado Zapatero recibió a las auxiliares de vuelo en el aeródromo madrileño pese a que Sarkozy destacó que había trabajado "mano a mano desde el principio de la crisis" con su homólogo español. Los otros tres españoles de la tripulación fueron liberados sin cargos tres días después.

El espaldarazo oficial francés fue insuficiente. El fracaso diplomático había sido indiscutible y los medios de comunicación se recrearon en el batacazo político de Zapatero. Incluso la Embajada de EE UU en Madrid reportó un cable a Washington –fechado el 5 noviembre de 2007– en el que valoraba el incidente: "Moratinos y Zapatero han sido simples espectadores de la gestión gala (…) y la pasividad de Zapatero en comparación con la actividad personal de Sarkozy ha sido notable". El telegrama califica de "cruel" el tratamiento mediático del incidente.

El Ejecutivo fue consciente de la torpeza diplomática e intentó subsanar el error a través de un golpe de efecto político de alcance internacional. El entonces Secretario de Estado de Justicia, Pérez Hernández, se reunió el 5 de noviembre –un día después de la operación en Chad– con el ex ministro consejero de la Embajada de EE UU, Hugo Llorens, y le explicó que el Gobierno quiería avanzar en el caso de Carrascosa. El Secretario de Estado explicó a Llorens que pediría al embajador español en Washington, Carlos Westendorp, que se reuniera con el asesor jurídico del Departamento de Estado de EE UU para estudiar el caso.

La Embajada estaba convencida de que el "renovado interés" del Gobierno en resolver la situación judicial de Carrascosa estaba íntimamente relacionado con el fracaso diplomático español en Chad. De hecho, Pérez Hernández reveló a Llorens que Zapatero "no tiene buen aspecto" desde el incidente y solicitóa ayuda a la legación estadounidense para zanjar con éxito el conflicto judicial, según revela un cable enviado a Washington el 8 de noviembre por el entonces embajador estadounidense, Aguirre.

El Gobierno manifiestó a la Embajada su deseo de alcanzar un acuerdo amistoso para que Carrascosa regresase a España, tachó de "desproporcionado" el encarcelamiento indefinido al que estaba sometida  y también informó de que puso a su disposición uno de los mejores abogados pero que había rechazado cualquier oferta de mediación. La legación de EE UU también reiteró en varias ocasiones la postura "inflexible" que había adoptado Carrascosa en el intento de alcanzar un acuerdo extrajudicial con su marido y padre de su hija, Peter Innes.

Eduardo Aguirre despachó el tema con más indiferencia que pesimismo. Sostuvo que el caso es un "trágico ejemplo de desintegración familiar", recomendó a Washington que cerrara filas sobre al tema con una respuesta tipo –"debemos responder a todas las peticiones que la única solución es la mediación entre las partes"– e insistió en que el caso había de ser resuelto en los tribunales. "El Poder Ejecutivo, al igual que sucede en España, no puede influir en las decisiones de los jueces", matiza el cable.

La legación zanjó de esta forma su exigua intervención diplomática. Arremetió contra la prensa española por el tratamiento sensacionalista y sesgado de la historia y le acusó de proyectar una imagen negativa de EE UU. "Los periódicos recurren a la imagen simplista de una madre encadenada con grilletes, sin incidir en los argumentos judiciales de la condena. España mantiene una postura muy emocional con este tema".

El 19 de junio de 2008 se envió  a Washington el último cable sobre el caso. La Embajada comunicó que había informado al Gobierno sobre el compromiso de los jueces estadounidenses de viajar a La Haya para reunirse con sus homólogos españoles e intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial.

El encuentro se produjo en abril de 2009. Representantes legales de EE UU y España fueron incapaces de alcanzar un acuerdo y el juicio comenzó en Nueva Jersey el 28 de octubre de 2009. Carrascosa fue declarada culpable de los nueve delitos por los que había sido acusada el 12 de noviembre y fue condenada a 14 años de cárcel.