El pleno del Ayuntamiento de Camas (Sevilla), gobernado por Rafael Recio (PSOE), ha dado cuenta este miércoles de la renuncia a sus cargos y a su acta de concejal de la que fuera sexta teniente de alcalde y delegada de Cultura, Fiestas Mayores y Participación Ciudadana Concepción Ávila Aldaco. Ávila Aldaco, como se recordará, había renunciado a sus delegaciones y a su acta al ser la cónyuge de uno de los tres militantes de la Agrupación socialista de Camas beneficiarios de pólizas de seguro de rentas relacionadas, supuestamente, con la trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.

El pleno del Ayuntamiento de Camas, asimismo, ha tomado conocimiento de la incorporación al Grupo socialista de la nueva concejal Ortensia Leal, que ocupa el acta de edil vacante desde la renuncia del que fuera segundo teniente de alcalde y concejal de Personal, Empleo, Régimen Interno, Seguridad Ciudadana y Movilidad Juan Manuel Carrasco, quien ha abandonado la esfera municipal por motivos plenamente profesionales, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

La renuncia de Concepción Ávila Aldaco deviene de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas investigadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dado que esta mujer es la cónyuge de Juan Manuel López Espada, dado de baja de las filas socialistas junto a Ricardo Medina Barrios y José Antonio García Prieto al ser descubierto que los tres figuran entre las supuestas prejubilaciones fraudulentas que investiga la juez Alaya. Esta situación, igualmente, supuso la renuncia de Antonio Rivas a la Secretaría General de la Agrupación socialista de Camas y la dimisión de García Prieto como secretario de Política Municipal. La Agrupación socialista de Camas, de hecho, está regida actualmente por una comisión gestora creada a tal efecto.

La investigación de los ere

La "trama" de las prejubilaciones fraudulentas es uno de los aspectos indagados por la juez Mercedes Alaya a cuenta del uso de los 647.869.157,45 euros librados por la Administración autonómica para subvencionar procesos de reestructuración de empresas en crisis y otras iniciativas mediante un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Y es que la Policía Judicial cree irregular esta fórmula promovida por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, ya imputado por la juez, al haber eludido supuestamente la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Hasta ahora, ha trascendido que la Junta de Andalucía ha elevado a la juez Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas", fruto de las incidencias descubiertas en expedientes de regulación de empleo incentivados mediante estos fondos autonómicos y promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.