Con motivo del Día Internacional del Empleo Doméstico, la Federación Andalucía Acoge reclama la reforma "urgente y definitiva" de uno de los sectores "más desprotegidos" de mercado laboral español, apuntando que el Gobierno lleva cuatro años debatiendo con sindicatos y empresarios sobre la transformación de esta ocupación sin llegar a un acuerdo definitivo, "un compás de espera que no puede dilatarse más en el tiempo".

En este sentido, según indica en una nota, el sector del empleo doméstico sigue sin contar con una reforma integral de sus dos normativas, con más de 25 y 40 años de antigüedad, que equipare los derechos laborales y de Seguridad Social con el resto de ocupaciones.

Actualmente, resalta que se encuentran afiliadas a la Seguridad Social 300.000 personas en España y más de 30.000 en Andalucía, aunque el dato real de personas que trabajan en el sector puede superar las 700.000, según estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) en 2007.

El empleo doméstico, convertido en el principal garante de los cuidados y de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de multitud de familias, "debería integrarse en un sistema de cuidados regulado que dé cobertura suficiente a las necesidades a través de servicios de proximidad, públicos y privados, y garantice los derechos de la ciudadanía en los diferentes ciclos de la vida", afirma Andalucía Acoge.

"Aunque el Gobierno ha expresado su voluntad de cambio y se han gestionado mejoras importantes como el reconocimiento de la baja por enfermedad o accidente laboral o la equiparación del salario a la relación laboral común, la reforma sigue siendo una deuda contraída con las personas que trabajan en ella y las familias que contratan", resalta.

En este sentido, indica que entre otras razones "sigue sin estar reconocido el derecho al desempleo, sigue siendo necesario el período de espera de 28 días para el cobro de la baja por enfermedad común, la formalización por escrito del contrato sigue sin ser obligatoria y se permiten más horas de trabajo que las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores". Además, crítica que "se vulneran los derechos laborales y se responsabiliza indirectamente a las familias de que el derecho al cuidado es únicamente responsabilidad personal y no un derecho que ha de ser garantizado por el Estado".

Para la organización, la propuesta de reforma, que deberá integrar información, sensibilización y denuncia en caso de incumplimientos y ayudas a las familias, ha de ser "ya una realidad, sin más plazos ni ambigüedades, de modo que se respeten los derechos de las personas y se fortalezca un modelo de bienestar real y ajustado a las necesidades de la sociedad actual".