El Consistorio reconoce su incapacidad legal para impedir que ocho personas estén condenadas a entenderse en un piso de  sólo 60 m2 y que  tengan que pagar cantidades desorbitadas por el alquiler de cada cama.

Tampoco, que la Policía Municipal y  la Ertzaintza tengan que acudir un día sí y otro también para evitar las peleas y trifulcas que se suceden dentro de la casa o que se originen molestias continuadas a los vecinos.

La ley –y un contrato particular de alquiler– ampara a la subarrendadora del piso de la calle Zumaia destapado por 20 minutos. El Ayuntamiento aceptará las alegaciones presentadas por la subarrendadora del piso en las que justifica, con los contratos a los inmigrantes, que no es una pensión, después de que el Área de Urbanismo, a través del Negociado de Aperturas, ordenara el cese de la actividad.

Y ello a pesar de que, en su defensa, la responsable del piso asegura que sólo viven cuatro personas en él, cuando los propios inquilinos reconocen que la convivencia entre ocho desconocidos es muy dura.

Los vecinos del inmueble, que llevan sufriendo las molestias más de dos años, no se quedarán parados. Quieren llevar ante el juez la actividad de la vivienda.

Para ello quieren recopilar la larga lista de atestados que ha redactado la Policía vasca por las incidencias ocurridas en el edificio. Quizá tengan que recurrir a la «insalubridad» del piso.