Cuatro extrabajadores a los que su antigua empresa acusa de extorsión y de llevarle a la quiebra tras cogerse varias bajas seguidas han declarado este martes en el juzgado de lo Penal número 17 de Paterna (Valencia) que estas situaciones de incapacidad temporal no fueron fingidas. También han relatado amenazas y presiones de los dueños de la empresa. Por su parte, los empresarios han mantenido las acusaciones, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

En concreto, estos exempleados han señalado en el juicio, que se ha prolongado durante más de tres horas, que sus bajas laborales fueron justificadas, y han negado que éstas hayan provocado la quiebra de la empresa de transporte para la que trabajaban.

De hecho, han declarado que los camiones que solían conducir fueron utilizados por otros conductores durante sus periodos de baja médica. También han afirmado que ellos nunca amenazaron a los empresarios ni los presionaron, según ha señalado en un comunicado CGT, uno de los sindicatos demandados en esta causa.

Los empresarios, por su parte, han mantenido que estas bajas surgieron tras un conflicto previo entre las partes, y han destacado que existió un nexo causal entre las mismas y el hecho de que su empresa finalmente quebrase y acabara en concurso.

El conflicto se inició con la convocatoria en marzo del año 2005 de unas elecciones para delegado de personal, cuyo resultado, según recoge en su escrito la acusación particular, no fue del agrado de los extrabajadores, puesto que no salió elegido ninguno de ellos.

A partir de ese momento, y según consta en el mismo escrito, los trabajadores querellados comenzaron a crear "graves problemas" a la empresa para conseguir que los administradores realizasen alguna actuación que pudiera dar lugar a la impugnación de las elecciones, hecho que nunca consiguieron.

Fue entonces cuando "empezaron a llevar a cabo actividades ilícitas", y lo primero que hicieron, apoyados y aconsejados en todos momentos por sus representantes sindicales de UGT y CGT —denunciados también en este procedimiento—, fue causar bajas laborales por enfermedades "simuladas" que les resultaban muy fáciles de fingir, ya que se trataban de enfermedades difícilmente objetivables por los facultativos, según ha mantenido la acusación.

Otra versión

Frente a esta versión, CGT ha explicado que con la convocatoria de elecciones, "la empresa reaccionó haciendo votar a recién contratados, a conductores afines y presentando a la esposa de uno de los dueños como candidata a esas elecciones". Entonces, a raíz del proceso de impugnación de las elecciones por estas presuntas irregularidades, estos trabajadores "fueron sometidos a todo tipo de presiones y, como consecuencia de este acoso, algunos de ellos recibieron la baja por depresión o ansiedad".

Otros trabajadores, según ha indicado el mismo sindicato, "cayeron de baja por enfermedades profesionales muy comunes". "La presión fue tan fuerte y las bajas tan razonadas que dos de ellos acabaron pidiendo la baja voluntaria y un tercero fue declarado incapacitado para el ejercicio de su profesión habitual por el tribunal médico de INSS", ha señalado.

Por estos hechos, la acusación particular solicita para cada una de estas personas una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión, y que indemnicen a la sociedad con 1.154.159,1 euros, en concepto de responsabilidad civil. Alternativamente, ha solicitado que se les condene a un año de cárcel por un delito continuado de amenazas contra el patrimonio. Por su parte, tanto el ministerio fiscal como las defensas han solicitado la absolución de los trabajadores.