La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha anunciado la remisión a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Tribunal de Cuentas del Estado de las "incidencias" detectadas en una revisión de la liquidación de patrimonio de la Cámara de Propiedad Urbana de Bizkaia, ante la posibilidad de la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Mendia ha explicado que durante la anterior legislatura, el decreto 15/2006, de 31 de enero, fijó las actuaciones necesarias para la liquidación del patrimonio e integración en la Administración de la Comunidad Autónoma del personal de las extintas cámaras de la propiedad urbana de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, suprimidas como corporaciones de derecho público.

Por ello, el entonces Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, dirigido por Javier Madrazo (EB), nombró al entonces delegado provincial de Vivienda José María Gonzalo como representante delegado en la Cámara vizcaína, para que llevara a cabo el proceso de disolución de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia.

Sin embargo, con fecha 1 de junio de 2006, Gonzalo contrató en representación de la Cámara de la Propiedad ya extinguida, a Jon Alonso para llevar la gestión administrativa de dicha cámara. Asimismo, Alonso también era el responsable de la gestión administrativa del servicio Berdindu (Servicio vasco para homosexuales y lesbianas).

Para llevar a cabo la reorganización del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta, la Oficina de Control Económico (OCE) del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco encargó hacer una auditoría para verificar las transacciones realizadas para llevar a cabo la extinción de la Cámara de la propiedad de Bizkaia.

El informe detalla que se realizaron "importantes inversiones, se ha contratado nuevo personal y se han mantenido gastos operativos no atribuibles a la Cámara, sino a los servicios que corresponden al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales".

En concreto, cuantifica provisionalmente el perjuicio económico causado a la Hacienda General en 444.345 euros, correspondientes a pagos cuyo destinatario se desconoce —por importe de 332.826 euros— o carentes de justificación —111.519 euros—. Asimismo, explicado que las órdenes de abonos cursadas y pagadas en la cuenta de la Cámara se realizaron "en su gran mayoría" a la cuenta de Jon Alonso que suman un importe de 106.653 euros. "Hay indicios de delito de malversación de caudales públicos", ha afirmado Mendia.

Financiación de una pelicula

Por todo ello, el Gobierno remitió sendas solicitudes de información a Gonzalo y Alonso para tratar de determinar el destino de las cantidades señaladas. El primero envió a la OCE el pasado 16 de febrero un escrito en el que relaciona estos pagos con la realización del largometraje de ficción de temática gay 'Ander', por parte del Servicio Berdindu del Gobierno vasco, del que Alonso era responsable de la gestión administrativa.

En este sentido, el Gobierno resalta que, en nombre de la extinta Cámara de la Propiedad, se realizó un convenio de colaboración con la asociación Asistencial Aukeratu por el que la Cámara adelantaba las cantidades necesarias para la realización del largometraje 'Ander', en el que Gonzalo figuraba como productor ejecutivo y Alonso como su ayudante de producción.

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que determine, en su caso, si encajan en los tipos penales que describen la "malversación", al tiempo que se traslada todo lo actuado al Tribunal de Cuentas del Estado para que "analice las irregularidades contables y exija responsabilidades, si las hubiera".

La portavoz del Gobierno ha defendido que el fiscal deberá determinar si hay o no delito, pero ha avanzado que el procedimiento de liquidación de la Cámara adoptado fue "poco habitual". Asimismo, ha detallado que en el proceso de extinción de las cámaras de Álava y de Gipuzkoa no se han encontrado "irregularidades".

Finalmente, Mendia ha explicado que el Gobierno vasco ha abierto un expediente disciplinario a las dos personas implicadas. En la actualidad, José María Gonzalo es funcionario de carrera y trabaja como asesor jurídico en el Departamento de Vivienda, mientras que Jon Alonso tiene un contrato laboral indefinido en el Departamento de Asuntos Sociales.