La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha anunciado la remisión a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas las "incidencias" detectadas en una revisión de la liquidación de patrimonio de la Cámara de Propiedad Urbana de Bizkaia, ante la posibilidad de la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos.
En 2006, el Gobierno vasco decidió extinguir las Cámaras de Propiedad Urbana de los tres territorios históricos, para lo cual se nombró al entonces delegado provincial de Vivienda, José María Gonzalo, representante delegado de la Cámara de Bizkaia para que gestionara el proceso.
El Ejecutivo vasco encargó una auditoria y, según ha explicado Mendia, se ha podido cometer "un perjuicio económico a la Hacienda general de 444.345 euros", porque "hay unos pagos que no se conocen y otros que no están justificados. (Habrá ampliación)
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