El Ministerio de Justicia destinará un total de 34 millones de euros entre este año y el 2012 para construir un nuevo edificio de Juzgados en Ibiza (18 millones); un nuevo Juzgado en Manacor (11 millones) y un nuevo Juzgado en Maó (5,5 millones), según ha anunciado el senador autonómico del PSIB, Xavier Ramis.

En una rueda de prensa, Ramis ha remarcado que la inversión en materia de Justicia que ha realizado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Baleares supera en un 18 por ciento, respecto a lo que aportaron las dos legislaturas de José María Aznar, ya que "sólo en seis años se ha destinado 12,1 millones de euros".

Así, ha recordado que estas inversiones han ido dirigidas, sobre todo, a la remodelación de los distintos Juzgados de Palma, entre los que se encuentra el de Vía Alemania, así como para la reforma de los Juzgados de Inca y la construcción de un nuevo Juzgado en Maó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales del PSIB, Pablo Martín, ha señalado que estas inversiones han sido posibles, gracias al plan estatal de modernización de la Administración de Justicia, dotado con 600 millones de euros y cuyo principal objetivo es la creación de la nueva Oficina Judicial, algo que, según ha recordado, comenzará a funcionar este mismo año en Palma, como experiencia piloto.

Respecto a la transferencia de las competencias de Justicia, Martín ha recordado que el Ministerio de Justicia cifra el coste efectivo del traspaso en 60 millones de euros, "lo que supone 10 millones más", respecto a cuando el Govern de Jaume Matas inició las negociaciones con el Ministerio.

No obstante, ha apuntado que pese a que las relaciones de la consellera de Innovación, Justicia e Interior, Pilar Costa, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, son "excelentes", ha reconocido que hasta la próxima legislatura autonómica, no será posible cerrar definitivamente las negociaciones para el traspaso de las competencias en materia de material y de personal (funcionarios, pero no jueces).

En esta línea, ha apuntado que lo que se trata de evitar es que el traspaso de esta competencia se haga de manera precipitada y, por tanto, que la financiación que la Comunidad Autónoma reciba para hacerse cargo de la Justicia no sea suficiente, lo que obligue al Govern a aportar fondos adicionales, tal como, según ha recordado, sucedió con la traspaso de la sanidad.