La consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, ha criticado "el retraso en la celebración del pleno del Consejo Nacional del Agua", que se reunió este jueves, día 24 de marzo, tras cerca de dos años de inactividad, y ha defendido "el principio de unidad de cuenca como única forma de gestión legal, sostenible y solidaria de los recursos hídricos de las cuencas de ríos que discurren por más de una comunidad autónoma".

Vallejo ha abogado porque las aguas compartidas con la Demarcación Hidrográfica del Ebro sean gestionadas "por un órgano estatal en vez de por la comunidad autónoma donde se ubican".

A su juicio, el agua es un recurso nacional y la unidad de cuenca es "la única forma de garantizar un uso sostenible y solidario de los recursos hídricos de aquellas cuencas que transcurren por más de una Comunidad Autónoma frente a las pretensiones de algunas regiones de gestionar fragmentadamente la cuenca".

El Gobierno de La Rioja ha manifestado que Cataluña "se está excediendo de su competencia y entiende que deben excluirse de la planificación hidrológica del distrito de cuenca fluvial de Cataluña todas aquellas medidas que afectan al Ebro por ser materia de competencia del Estado, especialmente las actuaciones relacionadas con las aguas subterráneas y los caudales ambientales que están compartidas o dependen de la demarcación del Ebro".

Precisamente, en defensa de la unidad de cuenca frente a la segregación por intereses autonómicos, el Gobierno de La Rioja interpuso ante el Tribunal Constitucional dos recursos de inconstitucionalidad por invasión de las competencias del Estado, admitidos a trámite, en contra de la disposición adicional décima de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, referida a la determinación de los caudales ambientales del tramo final del Ebro, y en contra de los preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña relativos a materia de aguas.

Además, impugnó el Estatuto de Aragón que en una de sus disposiciones recogía una reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos de la cuenca del Ebro para uso exclusivo de esta región.

El Tribunal Constitucional está dictando sentencias en la misma línea que defiende La Rioja. Recientemente ha declarado "inconstitucionales los artículos de los Estatutos de Andalucía y Castilla y León que asumían competencias exclusivas en la gestión de los ríos Guadalquivir y Duero".

La Rioja advierte de que, "si no se atienden estas alegaciones", Cataluña podría fijar caudales para tramos del Ebro y sus afluentes que pueden afectar a la disponibilidad de recursos hídricos en La Rioja y ha insistido en que la gestión de las cuencas que discurren por varias Comunidades Autónomas corresponde al Estado, representado por las Confederaciones Hidrográficas donde tienen participación las Comunidades Autónomas afectadas.

Del mismo modo, el Gobierno de La Rioja ha alegado contra el proyecto de Real Decreto por el que se modifican las demarcaciones hidrográficas y los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca en algunas cuencas de ríos intercomunitarios, en particular las del Nervión y Urumea, donde se pretende incorporarlos como cuencas internas del País Vasco.

El Gobierno de La Rioja ha criticado que "el procedimiento de trabajo vía correo electrónico se esté convirtiendo en el método sistemático de funcionamiento del Consejo Nacional del Agua en detrimento de la celebración de sesiones presenciales donde se deliberan, debaten y se someten a votación los temas".