La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a L.A.U.K. a dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida de parte de pensiones de, al menos, 61 personas, y de las que tres ya han fallecido, entre 2005 y 2011.

Asimismo, deberá indemnizar económicamente, en concepto de responsabilidad civil, a los perjudicados y, en su caso, herederos. El condenado se aprovechaba su condición de habilitado o administrador de clases pasivas, y estando encargado en esta condición de cobrar del Ministerio de Economía y Hacienda el importe de las pensiones que posteriormente había de abonar a los beneficiarios de las mismas.

Sin embargo, con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial de forma ilícita, entre 2005 y 2011, se quedó para sí el importe de las pensiones de al menos 61 personas de Las Palmas de Gran Canaria, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Asimismo, se recoge en hechos probados que el acusado, en su condición profesional de habilitado de clases pasivas, recibía mensualmente desde cuentas de la Seguridad Social, los haberes de clases pasivas en nombre de los clientes que así le tenían habilitado.

En este sentido, L.A.U.K. desde 2005 pero, principalmente durante los años 2010 y 2011, en lugar de transferir las pensiones a la cuenta de sus destinatarios, las hacía suyas dejando a sus clientes sin percibir las mismas.

Al respecto, la Dirección General de Clases Pasivas ha requerido de pago al Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de España para el pago porque este Consejo tiene entre sus obligaciones la de reponer al Tesoro Público las cantidades que resulten de las responsabilidades derivadas de la gestión de pago de haberes pasivos efectuados por los habilitados de clases pasivas, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 40/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba el Estatuto General de los Colegios Profesionales de Habilitados de Clases Pasivas.

El acusado también silenciaba en otras ocasiones el fallecimiento de algunos de sus clientes para que la Seguridad Social continuara efectuando a su favor las transferencias que igualmente hacía suyas. En este sentido, la cuantía total estaría entre los 182.787,53 y 205.447,98 euros.