El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, ha asegurado este miércoles que no le consta que la familia de la menor de 11 años que fue víctima de abusos sexuales por parte de su tío político el cual fue condenado a dos años de prisión en 2012 por estos hechos y que vive frente a la menor en la barriada del Torrejón se haya puesto en contacto con la Junta para solicitar algún tipo de ayuda y ha manifestado que, "si se pone, se abordará el caso teniendo en cuenta la particularidad del mismo".

En declaraciones a los periodistas en la Diputación de Huelva, donde ha participado en un acto por el Día del Libro, y preguntado por este asunto, José Fiscal ha insistido en que este caso "se abordaría como cualquier otro, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales, por proteger al menor y a la familia".

Según ha adelantado el diario 'El Mundo' en su edición de este miércoles, los hechos ocurrieron en 2011 y "el agresor no sólo no ha puesto un pie en prisión, sino que además quebranta sistemáticamente la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la niña o de sus padres; una orden según la cual, de hecho, no debería vivir donde vive".

No obstante, Fiscal ha insistido en que no le consta que "haya habido algún contacto" por parte de esta familia hacia la Junta sobre este asunto.

Por su parte, la familia de la menor ha pedido la entrada en prisión de este hombre porque "hay días que la niña está jugando en la acera y él pasa por su lado". En declaraciones a Europa Press, un familiar ha lamentado que éste "vea a la niña a todas horas porque incumple la prohibición de salir de su casa", a lo que ha añadido que "este hombre ha vuelto a delinquir con otra niña y quebrantado la orden de alejamiento". Por ello, la familia espera que "pronto entre en prisión porque esta situación es horrible".

J.V.C., fue condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de esta menor que entonces tenía ocho años y a libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, pero continúa viviendo frente al domicilio de su víctima.

Por otro lado, en declaraciones a los periodistas la letrada de la familia, María Teresa Largo, ha explicado que este hombre "debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en la cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta".

Largo ha pedido su ingreso en prisión porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos "ya sí tenía una condena firme, la de abusos", pero el problema radica, según explica, en que "el Penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso porque lleva retraso".

Por último, ha remarcado que "el problema es muy sangrante y la madre de la menor ha acudido a todos los sitios para pedir ayuda, no lleva una familia normal y no tiene medios para salir de la vivienda y teóricamente debería irse el agresor".