El juzgado especializado de preferentes de Vigo se ha estrenado este martes con dos juicios (había un tercero señalado, pero fue suspendido tras un acuerdo entre las partes) de afectados por participaciones preferentes de NCG Banco y por obligaciones subordinadas de Caja España.

Así, en la primera vista, se expuso el caso de un matrimonio joven de Nigrán, que denuncia que invirtieron 11.000 euros en dos paquetes de participaciones preferentes de NCG, contratados en una sucursal de Gondomar, sin tener conocimiento de ello, ya que creían que se trataba de un depósito a plazo fijo.

Según ha señalado su abogada, Olalla Carballo, estos dos jóvenes ya habían sido víctimas antes de irregularidades, puesto que NCG había dispuesto parte de sus ahorros para la compra de obligaciones subordinadas en 2007, aunque no lo descubrieron hasta el 2010, cuando la entidad les 'colocó' participaciones preferentes e iniciaron los trámites para reclamar su dinero.

Estos afectados han denunciado que no se les informó de que adquirían ese producto y han negado haber sido sometidos al test de idoneidad que marcaba la legislación vigente, pese a que el banco lo ha aportado como prueba. "El documento tiene su firma, pero ellos niegan que les hayan hecho ningún test o cuestionario", ha precisado la letrada.

DEVOLUCIÓN

Este matrimonio reclama que se les devuelva la diferencia entre lo invertido y lo recuperado en el canje, además de los intereses, que ni siquiera eran elevados (un 1,08 por ciento), en total, unos 6.600 euros. Mientras, NCG ha negado que se hubiese ocultado información a estos clientes, a los que consideraba minoristas con perfil de riesgo medio y, en todo caso, el abogado de la entidad ha interesado que, de haber devolución, sea "recíproca", es decir, que los clientes reembolsen los 359 euros anuales de intereses percibidos.

El juicio verbal de este caso ha quedado aplazado hasta el próximo 19 de noviembre a las 11.00 horas, porque el juzgado no ha tenido tiempo de notificar la citación a una testigo propuesta por la defensa: la interventora de la oficina de NCG de Gondomar donde se formalizó el contrato.

"no convenientes"

Por otra parte, la misma sala ha acogido el juicio verbal contra Caja España, por la demanda de un matrimonio de septuagenarios de Vigo, que reclama la devolución de 4.000 euros más intereses, atrapados en obligaciones subordinadas de esta entidad, además de la anulación de la quita forzosa tras la conversión de parte de sus ahorros en bonos.

Según su abogado, se trata de dos personas "sin conocimientos bancarios", sin apenas estudios, y que suscribieron un contrato "pensando que era un plazo fijo". Además, el letrado, Carlos Bueno, ha señalado que el test de idoneidad señaló claramente que esos clientes eran "no convenientes" para esa operación y, de hecho, ha apuntado "irregularidades" en la realización del cuestionario, que "fue realizado al marido, y firmado por la mujer".

El abogado de Caja España, por su parte, ha negado que la entidad hubiese ocultado información a estos clientes o les hubiese "inducido" a suscribir obligaciones subordinadas, y ha recordado que el producto adquirido tenía una alta rentabilidad, aunque también alto riesgo. "Mientras obtenían un rendimiento del 7,50 por ciento de interés, nada objetaron", ha señalado en el juicio, al tiempo que ha apuntado que "el hecho de que uno no sea inversor minorista, no lo convierte en un incapaz".

Finalmente, estaba señalado para este martes otro juicio, por el caso de un matrimonio de Salceda al que, según ha apuntado el marido, engañaron "como a niños", al hacerles creer que colocaban 5.000 euros en un plazo fijo, cuando no era así. Esta vista quedó suspendida tras llegar a un acuerdo las partes.

Los abogados prevén que las primeras sentencias de este juzgado no se hagan esperar demasiado, al iniciarse ahora su actividad. Asimismo, han subrayado la importancia de esas primeras resoluciones, porque marcarán la senda de futuros pleitos y sentencias.