La Comisión Europea investigará si los rellenos de las autoridades de Gibraltar para ampliar la colonia construyendo un dique violan la legislación medioambiental comunitaria, tal y como sostiene España en una nueva queja remitida a la institución europea.

"Las autoridades españolas creen que hay una violación de la legislación de la UE en la construcción de rompeolas", ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly. "Hemos recibido esta queja, vamos a tramitarla y a examinarla para ver si hay una violación potencial de la legislación de la UE", ha precisado.

La Comisión ya se ha comprometido a investigar si los 70 bloques de hormigón lanzados por las autoridades gibraltareñas en la Bahía de Algeciras para crear un arrecife artificial impidiendo la pesca en la zona cumple o no la legislación y ha avanzado que si no la cumple podría abrir un expediente sancionador contra Reino Unido.

Bailly ha dejado claro que "cada queja es diferente" y como tal se tratará "de forma separada" porque "tienen que examinarse caso por caso" y ha rechazado dar un plazo sobre el tiempo en que el Ejecutivo comunitario podría tomar una decisión.

"No tenemos un plazo legal vinculante para nosotros", ha aclarado el portavoz, que ha recordado que "la mayor parte del tiempo" el Ejecutivo comunitario reclama "información adicional a los Estados miembros"  cuando recibe quejas.  "Pero necesitamos tiempo para examinarlas cada una por separado", ha zanjado.

Al Ejecutivo comunitario no le consta que el Gobierno británico haya remitido todavía sus argumentos justificando el lanzamiento de los bloques de hormigón y los rellenos. Bailly ha confirmado que "por el momento" no hay fecha para la misión de expertos que enviará a la frontera para comprobar los controles en la Verja y el movimiento de personas y bienes.

El Gobierno español ha aportado en su última denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y la Comisión Europea pruebas obtenidas por la Guardia Civil de los trabajos realizados por las autoridades de Gibraltar para ampliar el terreno de la colonia, ganándoselo al mar, una actividad que el Ejecutivo considera que puede ser constitutiva de una "infracción grave".