El grupo municipal del Partido Popular en Arzúa presentará ante la jueza instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara Cifuentes, la documentación relativa a la prórroga de la concesión para la gestión del suministro de agua potable del Ayuntamiento de Arzúa, adjudicado a la empresa Aquagest en 2004 por un plazo de 20 años, para que esta analice si existe alguna irregularidad.

La moción será presentada ante el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, del que es titular la jueza de Lara, "lo antes posible", ha asegurado a Europa Press el portavoz del Partido Popular del municipio coruñés, Antonio Orois Valiño.

El BNG y el PSdeG "no quisieron apoyar la moción de estos presuntos casos", ha indicado Orois, "pero en el Partido Popular queremos seguir adelante para que la administración pública de Arzúa funcione con transparencia". "Será el juez quien tenga que estimar y tomar las diligencias oportunas", ha añadido el político.

Orois ha mencionado que, para la adjudicación de la prórroga, no se celebró un concurso público "de libre concurrencia", y que la adjudicataria fue "la que ya llevaba el servicio", la empresa Aquagest.

En relación a esta concesión, el PP también ha comentado que puede haber posibles irregularidades en la supuesta contratación por Aquagest de Andrés García Amarante, hijo del entonces alcalde de Arzúa, Xaquín García Couso, así como del que en aquel momento era portavoz del grupo popular, Nicolás Emorís. Consideran que estos hechos podrían ser "constitutivos de delito", y entienden que la adjudicación pudo basarse "no sólo en el interés público, sino también en el privado".

Explotación de piscinas

La localidad de Arzúa se ha visto implicada en el caso Pokémon desde que el pasado mes de mayo la jueza de Lara solicitase en el ayuntamiento documentación sobre contratos de servicios municipales, como el de Aquagest.

El contrato de explotación de las piscinas, concedido a la misma empresa, ya fue requerido en mayo por resolución judicial, sin embargo, el Partido Popular le enviará a la jueza información relacionada, con las "conclusiones a las que se llegó después del análisis de la documentación", "por si la autoridad judicial los considera relevantes", ha anunciado Orois.

PAVIMENTACIÓN

El grupo Popular presentará también ante la justicia documentación sobre un "presunto delito de malversación", por la que expone que el ayuntamiento pavimentó tres calles de "una urbanización" de Arzúa, que no figuran en el inventario municipal, y que, por tanto, entienden como "privadas".

La moción será presentada ante el Juzgado de Instrucción del municipio, ya que, en opinión del partido político, "todo apunta" a que las obras de asfaltado "obedecieron a actuaciones de precampaña electoral".