El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado este martes que, de acuerdo con el reglamento de los Servicios Jurídicos de la Junta, los cargos de la administración autonómica que han sido imputados en el caso de las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE) "podrán pedir el servicio o el pago de la defensa".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que los cargos de la administración autonómica que han sido imputados por la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, aún no han recibido la notificación oficial por parte del juzgado. Algunos de ellos ya han anunciado que recurrirán dicha imputación.

Ha expuesto que ante el hecho de que un alto cargo o funcionario en activo de la administración pida acogerse a la norma vigente, esto es, el Reglamento de los Servicios Jurídicos, la Junta tiene la "obligación de cumplir la ley".