España está "contenta en general" con la propuesta de acuerdo que ultiman los ministros de Agricultura de la Unión Europea para reformar la Política Agraria Común (PAC), un texto que deberán someter este miércoles al Parlamento Europeo y que contempla limitar al 30% el máximo de pérdidas que un agricultor podrá asumir por la convergencia interna, según han informado fuentes europeas.

En el debate que los 27 han mantenido a puerta cerrada este martes, España ha sido uno de los países que menos problemas ha expresado sobre la propuesta de acuerdo y se ha mostrado "contenta en general" con el planteamiento, salvo con "dos o tres puntos", explican fuentes conocedoras de la negociación.

Los 27 y la Eurocámara prevén cerrar el acuerdo político sobre la reforma este miércoles, tras más de dos años de negociación que se han intensificado en las últimas horas y que han permitido ya fijar "puntos de entendimiento" en las grandes líneas de la nueva PAC.

Las instituciones ya han logrado un principio de acuerdo en cuestiones como el 'pago verde' o 'greening', que condicionará un 30% de las ayudas directas al cumplimiento de determinados esfuerzos medioambientalmente beneficiosos. Además se prevé un sistema de sanciones por el que el castigo al agricultor incumplidor iría más allá de ese 30% de apoyo, porque restaría un 25 por ciento adicional de fondos, aunque esta cifra está aún por confirmar.

Además, se prevén en el reglamento de Desarrollo Rural medidas para evitar la doble financiación de una misma medida ecológica, que tanto preocupaba a Eurocámara y Bruselas, aunque no se ha definido aún la fórmula para hacerlo.

Los límites a la convergencia interna que reclamaba Bruselas para que todo agricultor de una región perciba el mismo nivel de ayudas por hectárea, independientemente de su cultivo o zona, es otra de las reivindicaciones españolas que han tenido eco en las negociaciones. Si prospera el documento actual, esta 'tasa plana' se limitará al 60 por ciento de la ayuda media de la región en el horizonte de 2019, siempre condicionado a que este reajuste no suponga pérdidas de más del 30 por ciento en ese periodo para el agricultor.

La delegación española, que encabeza en Luxemburgo el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, también ve con buenos ojos la idea de una "modulación regresiva" para las ayudas más altas, una idea que no cumple la ambición de Bruselas y del Parlamento Europeo de fijar un techo máximo de 300.000 euros al año por explotación, pero que permite atenuar los mayores pagos.

La idea de esta regresividad, un descuento del siete por ciento a las ayudas superiores a 150.000 euros, gusta a países como España y Francia, según las fuentes, aunque la rechaza Reino Unido y es vista como "última opción para el consenso" por Alemania.

También cuenta con el visto bueno de las instituciones el programa para jóvenes agricultores que será de carácter obligatorio y por el que cada Estado miembro podrá destinar hasta un dos por ciento de su sobre nacional para apoyar a los agricultores de hasta 40 años que tienen su primera explotación. Este apoyo, no obstante, se calculará sobre las primeras 50 hectáreas para evitar beneficiar a quién tiene los recursos suficientes para adquirir terrenos superiores.

Otro de los elementos que se considera que no plantean problemas es el porcentaje que cada Estado miembro podrá seguir destinando a ayudas acopladas, es decir, vinculadas a una producción, y que oscilará entre el ocho y el 15 por ciento según los casos. España aspiraba a poder extender la lista de sectores que podrán beneficiarse de este mecanismo, con el objetivo de apoyar a cultivos como el del tabaco, pero fuentes comunitarias han indicado a Europa Press que esta posibilidad es "inconcebible".

El ministro francés de Agricultura, Stephan Le Foll, ha considerado, por su parte, que sería "extremadamente difícil" aceptar una extensión de la lista de sectores que podrían optar a las ayudas acopladas, porque si se acepta la petición de un país, habría que atender otras peticiones.

Otro asunto de consenso es la definición de agricultor activo, es decir, del productor que tendrá derecho a solicitar ayudas de la PAC, para lo que se establecerá una "lista negativa" con la que se dejarán fuera beneficiarios que no realizan una verdadera actividad agraria, como campos de golf, aeropuertos o compañías de ferrocarril. Esta lista será obligatoria, pero los Estados miembros podrán ampliarla voluntariamente.

últimos escollos,

El miércoles en bruselas

Con todo, la decisión que este martes tomen los 27 no será el acuerdo definitivo para reformar la PAC, sino la oferta que harán a la Eurocámara para cerrar el pacto. Por ello, la Comisión, los eurodiputados y la presidencia irlandesa de la UE tendrán este miércoles una última reunión tríloga en Bruselas para buscar el acuerdo político.

El acuerdo esta semana permitiría la aprobación formal de la nueva PAC en el próximo otoño y su aplicación entre 2014 y 2015, pero si no prospera podría aplazarse 'sine die', según advierten fuentes europeos.

Entre los escollos aún por resolver por las diferencias entre la Eurocámara y el Consejo se mantiene el futuro de las cuotas del azúcar, que un gran número de países quiere extender y que podría prorrogarse hasta 2017 ó 2018, y la extensión de medidas al sector lácteo que reclaman los eurodiputados.

La liberalización del vino, que rechazaban una decena de países, incluidos España y Francia, sí se frenará con un sistema de autorizaciones limitado al 1 % anual y de aplicación entre 2016 y 2030.

Pero el asunto "políticamente más crítico", según ha indicado Le Foll en una charla informal con la prensa, tiene que ver con el poder de decisión de cada institución en lo que se refiere a la OCM única, porque la Eurocámara reclama codecisión en cuestiones que los ministros consideran "exclusivas" de los 27.

De acuerdo a fuentes europeas, se ofrecerá al Parlamento poder de codecisión en los precios de referencia, que establecen el umbral a partir del cual la UE actúa para proteger un sector en crisis, pero no le dejará decidir sobre los precios de intervención, que son los que la UE paga para socorrer a dichos sectores.

Queda por ver si los eurodiputados logran reabrir algunos de los capítulos de la negociación que los 27 se han opuesto a abordar, por considerar que están directamente ligados a los presupuestos europeos y que fueron decididos por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su cumbre de febrero. Se trata del techo máximo de las ayudas o 'capping' que Bruselas y el Parlamento Europeo querían obligatorio pero que los líderes han decidido que sea voluntario, así como la convergencia externa y la transferencia de fondos de un pilar a otro.