IU rechaza la reforma de la Administración local, que podría quitar competencias al 99% de los municipios aragoneses

Izquierda Unida (IU) Aragón ha anunciado que va a hacer "todo lo posible" para "parar" el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Bases de Régimen Local, por el que podrían perder "todas sus competencias" el 99 por ciento de los municipios aragoneses y el 96 por ciento podrían "acabar intervenidos".

Izquierda Unida (IU) Aragón ha anunciado que va a hacer "todo lo posible" para "parar" el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Bases de Régimen Local, por el que podrían perder "todas sus competencias" el 99 por ciento de los municipios aragoneses y el 96 por ciento podrían "acabar intervenidos".

Así lo han expuesto en rueda de prensa la responsable federal de Relaciones Institucionales de IU y concejal en el Ayuntamiento de Huesca, Pilar Novales, el vicepresidente de la Comisión de Movilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, el responsable de política municipal en IU Aragón y concejal en Zaragoza, Pablo Muñoz, y el diputado de IU en las Cortes de Aragón, Luis Ángel Romero.

Este último ha explicado que después de siete borradores el Gobierno central ha presentado un texto legislativo que "va en contra de la autonomía municipal" y en cuya exposición de motivos "se atreven" a afirmar que el objetivo es "el control del déficit", una norma que tiende "a privatizar los servicios públicos", ha dicho.

Romero ha estimado que el texto llega "en el peor momento" y refleja la "insolidaridad" con los ayuntamientos pequeños, como son la mayoría de los aragoneses, con 700 municipios del total de 731 con menos de 5.000 habitantes, por lo que en la Comunidad autónoma esta reforma "va a afectar de forma más negativa".

Al respecto, el responsable de política municipal en IU Aragón y concejal en Zaragoza, Pablo Muñoz, ha afirmado que el 96 por ciento de los municipio podrían "acabar intervenidos unilateralmente" y aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes, que son "el 99 por ciento en Aragón, podrían perder todas sus competencias".

A su entender, el anteproyecto de ley se basa en "la reducción de la capacidad de actuación de las Administraciones, la privatización de los servicios públicos y sociales y la intervención efectiva de los ayuntamientos, desde un principio de minoría edad".

órganos más opacos

Muñoz ha precisado que la reforma "elimina competencias propias de los ayuntamientos" en ámbitos como la educación, las escuelas infantiles y la intervención social, reduciendo la capacidad de actuación, "sobre todo, en el ámbito social", competencias que "se elevan a órganos superiores mucho más opacos" al control ciudadano y democrático.

En este sentido, ha manifestado que el texto normativo señala que en los municipios de menos de 20.000 habitantes, si los servicios, una vez evaluados, "no están de acuerdo con los estándares de precios que fijen las Comunidades autónomas, serán absorbidos por las diputaciones provinciales".

Muñoz ha estimado que se pretende una "privatización" de servicios y una "concentración en pocas manos" aplicando el nuevo concepto de "coste estándar", al tiempo que esa absorción contempla, igualmente, un "redimensionamiento del personal", algo que llevará aparejados "despidos" de trabajadores, ha augurado, además de "reducir" la capacidad de actuación de las Administraciones locales.

El vicepresidente de la Comisión de Movilidad de FEMP y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha calificado de "deslealtad institucional" el proceso de "centralización" que pretende el PP con esta ley, que ha calificado "anti-ayuntamientos" y cuya finalidad es "acabar con el poder local", haciendo que los municipios sean "meros gestores dirigidos por la Administración central".

Por el contrario, hay diferentes documentos europeos que subrayan "la capacidad de poder de los municipios" y que "solo el empoderamiento de los municipios permitirá hacer frente a la crisis", ha argumentado.

Mantener competencias

La responsable federal de Relaciones Institucionales de IU y concejal en el Ayuntamiento de Huesca, Pilar Novales, ha defendido que los ayuntamientos son la Administración más próxima al ciudadano y por eso hay que "respetar y mantener esas competencias que posibilitan la mejor prestación posible de servicios a los ciudadanos".

Novales ha criticado que "se haya estado ignorando, y sigue sin resolverse, la financiación local" y, ahora, "pretenden quitar competencias y no cubrir esa financiación" lo que "va a suponer pérdida de servicios y va a condicionar la vida cotidiana de ciudadanas y ciudadanos".

La responsable de IU ha dado a conocer las medidas acordadas en la última reunión de la Presidencia federal en esta materia, como exigir la retirada de este anteproyecto de ley y desarrollar una campaña de información a los ciudadanos "sobre las consecuencias de esta ley, muy distintas de las que dice el Gobierno" y que cambia "sustancialmente el modelo de municipalismo que tenemos" actualmente.

Asimismo, en los municipios donde IU tenga representación, va presentar iniciativas municipales de rechazo a la reforma —en algunos ya se ha aprobado, como en Zaragoza o Andorra— y van a impulsar mecanismos de participación ciudadana a través de asociaciones de vecinos y sectoriales.

También van a presentar iniciativas en los Parlamento autonómicos, van a proponer la celebración de una asamblea extraordinaria en la FEMP para analizar la reforma y van a exigir la convocatoria de una conferencia sectorial para debatir de esta cuestión. Además, realizarán un encuentro estatal de cargos municipales de IU.

Recurso de inconstitucionalidad

Novales ha anunciado, igualmente, que si el Ejecutivo central "insiste en tramitar" este texto y se aprueba en el Congreso de los Diputados, promoverán la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

El vicepresidente de la Comisión de Movilidad de FEMP y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza ha recordado que Andalucía y Cataluña ya han anunciado que presentarán recursos de inconstitucionalidad porque la reforma "vulnera" sus leyes de desarrollo de competencias de autonomía local.

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