La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado este martes que el Gobierno de España "debe elegir entre una ley que blinda los privilegios de las entidades financieras y una sentencia que defiende los derechos de los ciudadanos", después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

"La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha herido de muerte a la legislación española sobre los desahucios, absolutamente desfasada", ha señalado Cortés, que ha reclamado al Ejecutivo que "afronte sus responsabilidades, asuma plenamente" dicho fallo "sin excusas ni demoras" y regule la dación en pago con carácter retroactivo para "empezar a afrontar de cara la sangría social de los desahucios".

"El Gobierno tiene la opción de escuchar a la relatora de vivienda de la ONU y a la justicia europea o, por el contrario, continuar únicamente prestando atención a las entidades financieras y a las exigencias de la troika", ha añadido Cortés, que ha señalado que Andalucía, con 45 desahucios al día, "necesita con urgencia la aprobación de la ILP" contra los desahucios.

Cortés ha realizado estas declaraciones antes de firmar con la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, la adhesión del municipio sevillano al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. El Consistorio lebrijano colaborará así con la oficina abierta en Sevilla por la Junta para ofrecer asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios. Lebrija se convierte con esta firma en el 71º municipio en adherirse al Programa, "el primero tras la histórica sentencia de Luxemburgo", ha señalado Cortés, que ha animado a todos los ayuntamientos andaluces a "sumarse al creciente bloque institucional andaluz contra los desahucios".

El acuerdo firmado por la Consejería y el Ayuntamiento garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en este municipio de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa. En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestará asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

El Ayuntamiento también se compromete, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de la Delegación Territorial de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. El Ayuntamiento facilitará a la Delegación Territorial de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

El acuerdo contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se susciten en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El convenio tiene una vigencia de cuatro años prorrogables.