La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves una consulta pública sobre futuras medidas destinadas a controlar el trabajo no declarado en la UE, entre las que se contempla la creación de orientaciones comunes y una mayor cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

La consulta, dirigida a las organizaciones patronales y sindicales de la Unión Europea (UE), servirá para recoger opiniones sobre las futuras acciones comunitarias, anunció el portavoz de Empleo y Asuntos Sociales de la CE, Jonathan Todd.

Las medidas que estudia Bruselas para "prevenir e impedir" el trabajo sumergido se basan principalmente en un incremento de la cooperación entre las autoridades nacionales competentes, como los sistemas fiscales y de seguridad social y los servicios de inspección laboral.

Esta colaboración "debería incluir el intercambio de las mejores prácticas en medidas de prevención y control, la identificación de de principios comunes para las inspecciones laborales y la creación de programas de intercambio y formación" para los inspectores, destacó la CE en un comunicado.

El trabajo no declarado supone aproximadamente un 5% del volumen total de trabajo, según datos de una encuesta llevada a cabo por la Comisión en 2007, aunque está cifra es "probablemente mayor" en la actualidad, según el portavoz.

Todd señaló que la crisis económica ha podido provocar un aumento del trabajo sumergido, aunque destacó la dificultad de hacer una estimación concreta y subrayó el impacto negativo de este fenómeno sobre la recaudación fiscal de los Estados miembros.

En la misma línea, el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, definió el trabajo sin declarar como un "azote" para la seguridad y las prestaciones sociales de los trabajadores, así como para las arcas públicas.

"Los gobiernos, los empleadores y los sindicatos deberían trabajar juntos a nivel europeo para prevenir y evitar el trabajo sin declarar", afirmó Andor en un comunicado.

La consulta pública abierta este jueves pide a los participantes que hagan sus aportaciones sobre los principales problemas derivados del trabajo sin declarar, estudios sobre el impacto del fenómeno y el posible contenido de la futura iniciativa europea, que la CE prevé presentar en el segundo semestre del año.

Las organizaciones patronales y sindicales tendrán hasta el próximo 20 de septiembre para remitir sus opiniones a Bruselas.