El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Méndez Romeu, ha instado al Gobierno gallego a que aplique "en sus términos" la sentencia del Tribunal Supremo que anula los conciertos públicos con los centros educativos que segregan por sexo, mientras que el BNG y AGE reclaman la dimisión del conselleiro de Educación, Jesús Vázquez.

En un comunicado, Méndez Romeu ha señalado que la sentencia "restituye la legalidad conculcada" por la Xunta y "restablece" el principio que impide la segregación educativa por razón de sexo en centros sostenidos con fondos públicos.

Así, el responsable socialista ha apuntado que el Gobierno gallego "debe trabajar en favor de la integración de los estudiantes y no de mecanismos de segregación por origen social, género o cualquier otro motivo".

Esta sentencia afecta a una decisión del Gobierno gallego que "constituye un paso más en la política de la Consellería de Educación, que está abriendo conflicto tras conflicto en servicio de una visión reaccionaria y clasista y que está destrozando el servicio público de educación", interpreta el PSdeG.

De esta manera se ha referido al concurso de traslados de profesores o la "supresión de 4.000 puestos de trabajo", como ha admitido el Ministerio de Administraciones Públicas, o el "escándalo" de la concesión de los libros de texto en edición digital.

La consecuencia, dicen los socialistas, es que "Galicia cuenta con escandalosas tasas de fracaso y abandono escolar", como revela el informe Pisa, que la "sitúa en una posición mediocre, apartada de las comunidades punteras del Estado".

Peticiones de dimisión

Por su parte, el BNG subraya que la sentencia "confirma que la medida era contraria a la legalidad" y, en palabras de la diputada Carme Adán, el Bloque "demanda la dimisión del conselleiro de Educación y el acatamiento inmediato de la sentencia por parte de la Xunta para que sea efectiva ya en el curso próximo".

El BNG recuerda que mantiene "una posición muy crítica con la política educativa" desarrollada por el Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, con una "estrategia continua de recorte de la enseñanza pública a favor de lo privado, que se traduce en la pérdida de recursos para los centros, en la reducción de empleo con una tasa de reposición mínima y con la pérdida de 1.300 profesores en los últimos años".

La sentencia "no sólo da la razón en términos de legalidad a los que, como el BNG, se opusieron a esta medida", señalan los nacionalistas, sino que "cuestiona igualmente el modelo de apoyo a la enseñanza privada en detrimento de lo público".

En esta misma línea, Xabier Ron, por parte de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ha considerado que esta sentencia "es una demostración clara de que este conselleiro está deslegitimado para seguir gobernando y tiene que dimitir ya".

Ha recordado las existencia de diferentes sentencias, como la del concurso de trasladados de profesores o los fallos sobre el conocido como el decreto del plurilingüismo, y que se refieren a normativas que "desmontan lo público" y que ahora "están siendo castigadas" por los tribunales.

Así las cosas, y "a falta" de un análisis más pormenorizado, para Ron este fallo confirma que AGE "tenía razón" cuando reclamaba "por activa y por pasiva que no se siguiese con el proceso de concertar con los centros que segregan por sexo".