El presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, ha tachado de "razonable" el derecho a usar la lengua común en todo el Estado, tal y como se refleja en el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), pero "no" el modelo de llevarlo a cabo.

Y es que, ha criticado, tal como se expone en el borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa, que "si no existe oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en la localidad de residencia de los alumnos, los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados".

Así ha subrayado que "la igualdad de oportunidades de los alumnos la tiene que asegurar la enseñanza pública", pues, a su juicio, "no se puede dejar en manos de particulares o centros privados porque esto es privatizar o fomentar la privatización" de las enseñanzas.

Fernández, que ha presentado en Murcia el informe de valoración de la encuesta realizada al profesorado sobre los recortes educativos, ha destacado la pérdida de entre 1.600-1.800 docentes en los dos últimos años en la Región, tras lo que ha exigido que esta Ley se negocie en la Mesa Sectorial del Ministerio de Educación con el fin de que "todas las propuestas se debatan y las conozca el profesorado".

Profesores a los que, según Fernández, "hay que dar un mensaje de tranquilidad", pues tienen que saber que ante una reforma "no obtendrá ninguna pérdida de derechos adquiridos y profesionales".

Es verdad, ha añadido, "que la educación necesita una reforma" y que en este borrador hay novedades importantes y positivas, pero "no se puede someter y si no se hace con un mínimo de consenso, es muy difícil que pueda llegar a aplicarse". Hasta ahora "se han producido importante bandazos" en los borradores, aunque en este último se mejora.

Según el presidente nacional de ANPE, "antes de haber publicado un anteproyecto se debería haber abierto un amplio proceso de debate y diálogo" para que cuando un texto se publique en el BOE "tenga el máximo grado posible de consenso".

En la misma línea se ha manifestado el presidente de ANPE Murcia, Clemente Hernández, quien ha insistido que la educación necesita una reforma "con financiación" que "cuente con el profesorado", que "tiene algo que decir".

Por lo que, según ANPE, una reforma "tan profunda" necesita "un grado de complicidad, la implicación de las familias y de la comunidad educativa", es decir, "mucho diálogo y compromiso social por la educación".

Aspectos positivos y negativos del anteproyecto

ANPE insiste, de tal forma, en que no es la reforma "global y profunda" que necesita el sistema educativo para acabar con el fracaso y el alto índice de abandono escolar y para implicar y motivar al profesorado responsable e imprescindible para la puesta en marcha de la misma.

Entre los aspectos positivos de la nueva propuesta destaca el incremento de la autonomía de los centros educativos, el mayor peso del claustro de profesores en las decisiones académicas, el refuerzo en todas las etapas del aprendizaje de materias troncales y la recuperación de especialidades que se habían eliminado en el anterior borrador, la mayor flexibilización del sistema en todas las etapas incluidas las evaluaciones externas y la incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al sistema educativo.

Así como el dominio de una segunda o tercera lengua extrajera, la revitalización del aprendizaje profesional, la posibilidad de obtención del graduado en ESO desde la FP Básica y el hecho de que en el calendario escolar, que comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, en el cómputo del mismo se incluyan los días dedicados a evaluaciones finales de curso o etapa.

Reivindicación expresa de ANPE, así como que haya desaparecido del texto la reasignación de efectivos que facultaba a la administración para recolocar de manera arbitraria al profesorado en los centros.

Asimismo equilibra el currículo el hecho de que la enseñanza de la religión tenga una alternativa de Valores Culturales y Sociales en Primaria y de Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria con una carga horaria equivalente al resto de asignaturas ofrecidas en el bloque de asignaturas específicas.

Con todo, desde ANPE realiza una valoración crítica del nuevo borrador, entre otros, porque es una reforma elaborada hasta ahora "de espaldas" al profesorado, sin consenso ni diálogo, sin memoria económica y porque no se ha contado, hasta ahora, con la Mesa Sectorial de Educación órgano legitimo de representación del profesorado.

Además, se dota a los directores de los centros de unas atribuciones que sobrepasan en mucho las requeridas para cumplir con el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros. Establece un carácter competitivo en las acciones encaminadas a la mejora de la calidad educativa y permite establecer incentivos para el profesorado que forme parte o participe en dichos programas.

En aras a ampliar y mejorar la autonomía de gestión y organizativa de los centros, se distribuyen funciones de manera poco concreta a tres instancias diferentes para la concreción del currículo (Administración General del Estado, Administraciones autonómicas y centros educativos), lo cual, según ANPE, planteará problemas en la organización de los propios centros y de cara a la movilidad del alumnado y del profesorado.

El sindicato tampoco está de acuerdo con la posibilidad de incorporar excepcionalmente expertos como profesores bilingües o plurilingües que deberán ser habilitados por las Administraciones educativas (independientemente que estén en posesión de la titulación requerida para cada especialidad).

No les parece acertado que en aras a una mayor vertebración del sistema educativo, en aquellas Comunidades Autónomas que posean dos lenguas cooficiales, en el caso de no existir en la localidad de residencia de los alumnos oferta pública o concertada en la lengua vehicular elegida, los padres o tutores puedan optar por escolarizar a sus hijos en centros privados.

Ante este nuevo borrador ANPE mantiene una actitud crítica y responsable, emplaza a la Administración para una negociación y debate profundo sobre la misma y proclama que la educación debe estar entre los consensos esenciales que necesita este país para salir de esta crisis institucional y económica.

Por último, advierte que el camino emprendido hasta ahora, por la forma y el método de llevarse a cabo, "no nos acerca a estos consensos de mínimos que consideramos necesarios e imprescindibles".