La Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A) ha reclamado este martes un "cambio de rumbo" en las políticas ante la "indecencia social" que suponen los datos de paro registrados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), que en la comunidad andaluza aumenta un 2,17 por ciento en noviembre hasta alcanzar 1.110.801 desempleados.

El sector andaluz por la economía social ha destacado que el paro "aumenta prácticamente en todos los sectores productivos y poblacionales", marcando "un nuevo récord histórico", al igual que lo hace el descenso en las afiliaciones a la Seguridad Social, condicionada según Cepes-A por los recortes en la Ley de Dependencia, que ha dejado a "miles de cuidadores excluidos del sistema".

En este sentido, las entidades han puesto de manifiesto que, a pesar de que se esté llegando a una situación que "comienza a ser insostenible, alarmante y socialmente inaceptable"; el Gobierno "persiste en las mismas recetas" y no se percibe "atisbo" de un cambio en el rumbo de las políticas.

Así, Cepes-A considera que la austeridad y los recortes en las prestaciones sociales, el aumento de impuestos indirectos como el IVA, la subida del IRPF "con afán recaudatorio", favorecer al sector financiero "sin que suponga flujo del crédito" o "amnistiar a los grandes defraudadores" son políticas que se están demostrando "erróneas" y "con unas consecuencias económicas y sociales que comienzan a ser inaceptables".

Asimismo, desde Cepes-A temen que las previsiones del Gobierno central de que la reforma laboral conlleve en un futuro a la creación de empleo "de forma sostenida, estable y de calidad", pueden ocurrir "de forma tan tardía que de poco valdrá".

Por ello, ha defendido que se precisa "un cambio de rumbo" que, entre otras medidas, contemple unas políticas de "estímulo económico" centradas en la creación de empleo a través de un apoyo decidido a la pequeña y mediana empresa, la racionalización del gasto público determinado por la eficiencia, un control del déficit más flexible, una racionalización progresiva de los impuestos, el incremento de la lucha contra el fraude fiscal y facilitar el acceso al crédito para familias y empresas.