El área pública de CCOO Castilla-La Mancha ha presentado recurso de casación ordinario ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, instando a ésta a plantear ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad en relación a la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

CCOO pide al Supremo que plantee ante el Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 1/2012 al considerar que "incide directamente" en los derechos reconocidos en el convenio colectivo para todo el personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha informado el sindicato en nota de prensa.

El recurso de CCOO recuerda que "la ley autonómica no puede prevalecer sobre la ley estatal, y por tanto esta última debe de desplazar a la norma Autonómica". Además, el sindicato dice que "la alteración del contenido del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta hecha por la ley Autonómica 1/2012 supone una intervención legislativa que pertenecería, en su caso, al marco de la competencia estatal."

Para CCOO, la Ley 1/2012 vulnera "numerosos artículos" del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Comunidades: jornada laboral, calendario laboral, retribuciones salariales básicas, horas extraordinarias o complemento por incapacidad.

"obligación" de negociar

La coordinadora del área Pública de CCOO en Castilla-La Mancha, Carmen López, ha indicado además que la Administración de la Junta "no solo tiene la obligación de negociar, sino que deber llegar a acuerdo con los representantes legales de los trabajadores. La Administración está sujeta al derecho laboral al igual que cualquier otra empresa"

"Ya está bien de negar la negociación por parte de los actuales rectores de la Junta", ha indicado, al tiempo que ha señalado que "ya está bien de decir que negocia cuando en realidad lo que hace es imponer lo que previamente tiene decidido".

Para López, desde el día que entró el nuevo Gobierno, "no ha habido jamás ni intención, ni propósito, ni ganas de negociar; y su objetivo no ha sido otro que imponer sus criterios sin respetar los derechos de las personas que trabajan para la administración autonómica".

"CCOO seguirá luchando por que el Gobierno cumpla su responsabilidad al frente de la administración; y lo haremos como hasta ahora: desde todos los ámbitos, con movilizaciones, concentraciones y, como en este caso, por vía jurídica", ha concluido.