Justo Mañas, exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, es el primero de los nueve ex altos cargos que han comparecido sin abogado en la comisión del Parlamento andaluz que investiga los ERE irregulares; no está imputado, pero ha asegurado que declara con "voluntad de colaboración leal".

En su primer turno de intervención, Mañas, que ocupó su cargo entre 2010 y principios de 2012, ha explicado que como viceconsejero no tenía capacidad de disposición de fondos económicos porque su labor se centraba en la "organización, coordinación e impulso" de la acción de la consejería.

Después, se ha sometido a las preguntas de los grupos políticos de la comisión, PSOE, PP e IU.

El exviceconsejero ha reiterado que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, le pidió que investigara a fondo las posibles irregularidades y que "siempre" le hizo "especial hincapié" en que había que colaborar con la justicia y realizar una "averiguación exhaustiva caiga quien caiga".

Asimismo, ha reconocido que tiene el carné del PSOE pero que no había acudido a la comisión a defender a su partido sino para informar a los andaluces de lo que sabe respecto a los expedientes de regulación de empleo irregulares.

Mañas ha explicado que investigaron, incluso un fin de semana, los ERE "vivos y muertos" que afectaban a 5.982 personas investigadas, de las que comprobaron que 72 eran intrusas porque estaban en expedientes de empresas en las que no habían trabajado y que con otras 111 había "discordancias administrativas".

Durante la investigación tomó la decisión de paralizar los pagos a todos los prejubilados, una medida que ha calificado como "dura" porque los que no cometieron irregularidades dejaban de cobrar al estar inmersos en un "lío espectacular".

El exconsejero también ha subrayado que cambiaron las normas de concesión de ayudas para hacerlas más transparentes, y a preguntas de la diputada del PP María Teresa Ruiz-Sillero dijo que la norma eran los presupuestos, lo que rechazó la parlamentaria, que ha pedido documentos que, según denunció, no les han dado distintos departamentos de la Junta a los que se les pidió.

"Había mecanismos de control mejorables, era evidente", ha indicado Mañas antes de afirmar que las tramitaciones previas de ayudas eran legales así como de resaltar que no se debe confundir "el abuso de la norma con su inexistencia".

En respuestas a las preguntas de la diputada de IU Alba Doblas, el exconsejero ha reconocido que investigaron comisiones más altas de las normales con las aseguradoras que tramitaban los ERE.

Mañas ha explicado que como viceconsejero no tenía capacidad de disposición de fondos económicos porque su labor se centraba en la "organización, coordinación e impulso" de la acción de la consejería.

También ha indicado que la Junta fue la que tomó la iniciativa de denunciar ante la Justicia las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo "vivos y muertos" que se investigaron internamente por parte de la consejería tras una labor "ingente" de los funcionarios.

Justo Mañas ha recordado que el origen de este caso se remonta a enero de 2009, cuando dos empresarios de hostelería grabaron "supuestamente" un interno de soborno en el denominado caso Mercasevilla, lo que denunció ante la Justicia su antecesor en el cargo, Agustín Barberá.

Tras las preguntas de la diputada del PSOE Antonia Moro, el exviceconsejero ha negado que los procedimientos para conceder las ayudas fueran opacos y que se destruyera alguna documentación para tapar las irregularidades.