102 intelectuales suscriben medio siglo después otro manifiesto en favor de la minería española

Acusan al Gobierno de querer convertir el problema "en un asunto de orden público, criminalizando a los mineros"
Luis García Montero En La Presentación Del Manifiesto
Luis García Montero En La Presentación Del Manifiesto
EUROPA PRESS
Luis García Montero En La Presentación Del Manifiesto

Ciento dos intelectuales han firmado un manifiesto en apoyo a la minería española que rememora el de las Huelgas del 62. El documento ha sido presentado este martes en el Pozo Nicolasa, en Ablaña (Mieres) en un acto al que han asistido el poeta Luis García Montero y Ánxel Nava, entre otros.

Según informó IU, entre los firmantes se encuentran el poeta y ensayista José Manuel Caballero Bonald y el escritor Armando López Salinas, partícipes ambos de la carta de los 102 al régimen franquista. Junto a ellos, respaldan la causa de los mineros músicos como Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Ana Belén, Miguel Ríos, Nacho Vegas y Chus Pedro; actores como Juan Diego Botto y Pilar Bardem; escritores como Almudena Grandes, Benjamín Prado, Luis García Montero y Xuan Bello y decenas de personalidades del mundo de la cultura y las artes.

En el acto el escritor y poeta Luis García Montero ha explicado que la iniciativa sirve de recuerdo y homenaje al manifiesto contra la Dictadura y pone de manifiesto que trabajo intelectual y conciencia crítica son conceptos "inseparables".

El literato ha alertado de la renuncia a derechos que tanto costó ganar en España como la democracia y la justicia social y ha señalado a los mineros como un "símbolo de la lucha y rebeldía" contra "una sociedad injusta que es necesario detener".

Del mismo modo, ha opinado que el Gobierno no está protagonizando un debate económico, sino "de autoritarismo", al solventar otros problemas de este tipo con ayudas "mucho más caras" a lo que precisa la minería, siendo esta "un foco de trabajo importante".

Montero ha añadido que el Ejecutivo central "no cree en la democracia" y entiende que negociar es "un síntoma de debilidad". Junto a ello, ha defendido que desde la Moncloa se ha querido convertir el problema "en un asunto de orden público, criminalizando a los mineros", cuando la realidad es que es un asunto de "derechos humanos, civiles y democráticos".

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