El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Decreto que regula la concesión de avales públicos para la financiación empresarial por un importe máximo de 200 millones de euros.

Según ha explicado el Ejecutivo, la medida está dirigida a pymes vascas con un efecto tractor en el tejido industrial y en el empleo, y conllevará la concesión de garantías que faciliten la financiación de proyectos de inversión, pedidos y contratos.

El Decreto aprobado este martes completa el Programa Extraordinario de Financiación del Gobierno vasco, presentado el pasado marzo por el lehendakari y que supondrá movilizar más de 2.000 millones de euros en financiación, a los que se suman 210 millones de euros en créditos a través de Ekarpen y de la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco.

En el mismo, se incluyen varias herramientas, entre ellas, los avales a pymes a través de las sociedades de garantía recíproca Elkargi y Oinarri: con 550 milones, que activarán la concesión de préstamos de hasta 1.300 millones.

También se contemplan los avales a través de la sociedad Luzaro, un total de 50 millones, que posibilitarán créditos por un total de 100 millones.

Otra herramienta será la nueva línea de avales a pymes a través de un convenio firmado con 11 entidades financieras. En concreto, serán 400 millones aportados en avales por el Gobierno, que facilitarán la concesión de 666 millones en préstamos.

También se incluye Ekarpen, la sociedad de inversiones participada por el Gobierno, las diputaciones y Kutxabank que financia operaciones mediante entrada en el capital y/o préstamos participativos a proyectos empresariales de especial relevancia.

En la actualidad cuenta con una disponibilidad de fondos de 170 millones de euros, teniendo operaciones en cartera por un importe superior a 150 millones de euros. Adicionalmente, ya formalizó seis operaciones por un importe superior a 100 millones de euros, lo que supone un potencial de inversión de 270 millones.

Por otra parte, también se cuenta con Capital Riesgo, a través de la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco, desde los fondos EZTEN y Ekintzaile, que financia operaciones mediante entrada en el capital o préstamos participativos a proyectos empresariales y que este año 2012 tiene presupuestados hasta 40 millones de euros.

Por último, se ha aprobado la línea que regula la concesión de avales públicos para la financiación empresarial por un importe máximo de 200 millones de euros, que va dirigida a pymes vascas con un efecto tractor en el tejido industrial y en el empleo. En concreto, estima que activará una inversión potencial de 666 millones

De este modo, el Gobierno vasco ha explicado que, con una aportación en avales de más de 1.000 millones de euros, permitirá movilizar 2.066 millones de euros, a los que se suma una disponibilidad de fondos de 210 millones de euros para financiar operaciones mediante entrada en el capital o préstamos participativos a proyectos empresariales.

Esta última medida aprobada tiene como antecedentes los programas de avales de choque que han estado en vigor entre 2009 y 2011, y cuyo balance ha sido "muy positivo". Durante esos años el Gobierno vasco concedió 267 millones de euros en avales, lo que permitió movilizar un volumen de recursos para la ejecución de proyectos o pedidos por un importe superior a 1.300 millones de euros.

Según ha explicado el Ejecutivo, gracias a esta herramienta, se han conseguido consolidar 18.000 empleos en ese periodo, con un efecto inducido sobre algo más de 2.800 empresas que ocupan a más de 28.000 personas. En la evaluación se ha constatado que las empresas beneficiarias, casi en su totalidad, han incrementado sus niveles de actividad a un ritmo más rápido del que se preveía al comienzo del programa.

Una vez que el pasado 31 de diciembre finalizó el Marco Temporal de la Unión Europea, el Gobierno vasco ha debido rehacer el Decreto, teniendo en consideración y respetando las directrices comunitarias. En ese sentido, está dirigido a pymes, teniendo en cuenta como tal a empresas con menos de 250 personas empleadas, o que su volumen de negocios anual no exceda de 50 millones o bien que su balance general anual no pase de 43 millones.

Los avales, gestionados desde la Dirección de Desarrollo Industrial, se concederán a empresas que presenten proyectos de inversión, pedidos o contratos de especial efecto tractor o de empleo, y que encuentren dificultades para financiarlos por sus propios medios. En cualquier caso, sólo se otorgarán a pymes que no estén en crisis.

Con carácter general, el importe del aval será el 30% del nominal de la operación financiera que suponga el proyecto, y tendrá un plazo de 24 meses. El Gobierno cobrará una comisión a precios de mercado. Asimismo, el plazo para presentar solicitudes terminará el 30 de noviembre de este año.

El Gobierno tendrá en cuenta que las beneficiarias "incorporen acuerdos razonables de pago con su cadena de proveedores implicados, evitando trasladar a éstos las malas prácticas de pago y consiguiente ahogo financiero".