El pleno del Parlamento vasco ha aprobado, con el voto en contra del PNV y el apoyo del resto de partidos, el dictamen sobre los presuntos casos de corrupción y espionaje en Álava, que atribuye responsabilidades políticas a varios excargos jeltzales imputados por el conocido como 'caso De Miguel' y sus ramificaciones.

El texto alternativo al dictamen que había presentado el PNV ha sido rechazado por el resto de los grupos en el pleno de la Cámara, en el que se ha debatido el dictamen de la comisión de investigación sobre este asunto, que también está siendo investigado en los tribunales y por el que se encuentran imputadas una veintena de personas, entre ellas destacados exdirigentes del PNV como Alfredo de Miguel y Aitor Telleria.

El dictamen sobre las diversas ramificaciones del conocido como 'caso De Miguel' señala la existencia de responsabilidades políticas en varios de los antiguos cargos del Gobierno vasco y ex dirigentes del PNV que están imputados por estos hechos.

No obstante, se ha eliminado del documento la referencia a la exconsejera de Industria Ana Aguirre, que se había incluido en el texto provisional y sobre la que no pesa imputación alguna por parte del juzgado que investiga el caso.

El informe analiza una por una las cuatro ramas de este entramado. Una de ellas se refiere a los contratos presuntamente irregulares firmados en la anterior legislatura por el Departamento de Cultura con varias empresas de personas vinculadas al PNV.

En este caso, se indica que el director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, "se sirvió de su cargo" para favorecer a las empresas a las que se adjudicaron varios contratos, sin que exista constancia de que se hayan llevado a cabo los servicios contratados. Además, se indica que otro de los imputados, el viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, incurrió en "las principales responsabilidades políticas" por "falta de control".

El dictamen cita a otros imputados, como los exdirigentes del PNV Alfredo de Miguel, Aitor Telleria, así como a antiguos miembros de esta formación como Koldo Ochandiano e Iñaki San Juan, que habrían participado en esta presunta trama de contratos irregulares.

"nexo común",

El pnv

Sobre ellos se indica que "no se puede obviar que tienen, como nexo común, su militancia en el PNV", partido que "era el que dirigía" en el periodo investigado (2006-2009) el Departamento de Cultura. Todo ello, tal y como se indica, "permite suponer la existencia de tráfico de influencias".

Otro apartado del informe se refiere a las irregularidades en contratos suscritos por el Parque Tecnológico de Álava, motivo por el que están imputados Alfredo de Miguel, Aitor Telleria, Julián Sánchez Alegría, Alfonso Arriola, Koldo Ochandiano y Miren Bilbao.

El informe señala que los contratos investigados se hicieron "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia". Las responsabilidades políticas se atribuyen a Sánchez Alegría (expresidentes de la Red de Parques Tecnológicos), Arriola (exdirector del Parque de Álava), Ochandiano (ex director financiero) y Bilbao (directora técnica). En el caso de De Miguel, se indica que "presionó" para que se apartara a una empresa de uno de los contratos.

ESPIONAJE

El conocido como 'caso del Espionaje' es otro de los apartados del dictamen. Este asunto, por el que están imputados el exdirigente del PNV Aitor Telleria y dos ertzainas, se refiere al supuesto espionaje realizado sobre políticos y destacadas personalidades de Álava. El Parlamento considera que existen "indicios suficientes" de que los ertzainas transmitieron información a Telleria sobre las personas afectadas.

Otra de las líneas de investigación se ha centrado en una operación de adquisición de suelo en Santurtzi (Bizkaia), por la que el ex director general de la sociedad pública Spri, Antón Zubiaurre, está imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El valor de la operación ascendió a 3,5 millones de euros y, según el informe, se realizó "sin base sólida" y por parte del propio Zubiaurre. Este movimiento ocasionó una pérdida patrimonial de 3,1 millones de euros "de la que el señor Zubiaurre es responsable directo".

DEBATE

La parlamentaria del PNV Maria Eugenia Arrizabalaga ha insistido en que su partido defiende la presunción de inocencia de los imputados y ha recordado que ninguno de ellos se ha declarado culpable. Asimismo, ha expresado su voto contrario al dictamen, al considerar que "sus carencias son demasiado grandes para darlo por bueno", tras lo que ha criticado los "juicios paralelos".

Desde el PSE-EE, Oscar Rodríguez, ha invitado al PNV que se sume al voto favorable del dictamen, dado que no ve "pegas" para determinar responsabilidades políticas por el mal uso de unos recursos públicos. "Los hechos demuestran que esto no ha sido una caza de brujas emprendida por el PSE-EE y el PP contras el PNV", ha asegurado.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha resaltado que la comisión ha tenido un "indudable éxito" y ha resaltado "el nexo de unión de todas las personas vinculadas al PNV" y que su punto de partida fueron las actuaciones judiciales relacionadas con la "progresiva imputación de responsables políticos y militantes" jeltzales por ocho delitos, entre ellos, el tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Mikel Basabe, uno de los parlamentarios expulsados de Aralar, ha afirmado que esta comisión ha "fallado" a la hora de garantizar los derechos de las personas que han participado en ella, porque con el reglamento se ha "obligado" a los comparecientes a acudir al Parlamento pero no se ha logrado mantener en secreto el contenido de las mismas.

El parlamentario de EA y presidente de la comisión de investigación sobre este asunto, Juanjo Agirrezabala, ha afirmado que el trabajo de dicho foro "va a servir para prestigiar la política viendo que efectivamente se castigan y penalizar las actuaciones irregulares", aunque ha precisado que la comisión aborda las responsabilidades políticas y no las penales, que "corresponden a los juzgados".

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha expresado su apoyo al dictamen y ha señalado que "la comisión ha constatado que los militantes del PNV utilizaban sus cargos en el gobierno y otras instituciones para favorecer a sus amigos o compañeros de partido o empresas afines.