El Tribunal Supremo (TS) desestima el recurso de casación, presentado por el Ayuntamiento de Palma en abril de 2010, contra la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) dictaminó sobre la parcelación y urbanización ilegal en la calle Tarragona de la barriada de Son Anglada.

El caso vuelve al TSJIB, cuando en 2009 emitió la sentencia que ordenaba a la alcaldesa de Palma a restablecer la legalidad en Son Anglada, en un plazo de dos meses, mediante la elaboración de una "hoja de ruta", que determinara la demolición de hasta 12 casas. Su incumplimiento le obligaría a pagar 1.000 euros mensuales.

Cort recurrió la sentencia ante el TSJIB, que desestimó su petición, por lo que tramitaron su recurso al TS.

En este sentido, los socialistas de Palma informan que el anterior Consistorio, dirigido por la exalcaldesa Aina Calvo, cumplió con la orden del TSJIB, por lo que "no deberá pagar" las casas de Son Anglada.

Así, explican que el Ayuntamiento de Palma cumplió con el plazo de dos meses y presentó una "hoja de ruta" ante el TSJIB. Además, añaden que las directrices se empezaron a cumplir, recordando un acuerdo del Consell de Gerencia de Urbanismo, con fecha 15 de julio de 2010, que ordenó la demolición de las casas. Cuando se realizó el cambio de Govern, el Consistorio estaba pendiente de poder entrar, vía judicial, a las casas para conocer sus condiciones antes de proceder a la demolición.

Las obras ilegales fueron denunciadas por la asociación de vecinos de Ses Cases de Son Anglada en 1987, hace 25 años. Ahora el caso vuelve al TSJIB que decidirá cómo ejecutar la sentencia que obliga a la demolición de las casas. En cualquier caso, informan los socialistas, "la ejecución corresponde al actual Consistorio".