La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo destinará el 90 por ciento de su presupuesto para 2012, que asciende a casi 134 millones, a la realización de inversiones y a la prestación de servicios ambientales, de forma que los gastos corrientes y de personal suponen únicamente el 10 por ciento del total.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, quien ha definido sus presupuestos como "coherentes" con los principios de austeridad y eficiencia en los que se basan; con la vocación de la Consejería de ser inversora y prestadora de servicios; con los objetivos de la misma, que se encuentran plasmados en las cuentas públicas; y con la realidad, eliminando los "antecedentes de falsedad" del presupuesto.

En este sentido, Fernández se ha referido al "falseamiento de las cuentas públicas" que se ha realizado en Mare por importe de 13 millones, ya que sus gastos de este año sólo se habían presupuestado hasta agosto. "Se presupuestaron 44 millones sabiendo que iban a gastar 57", ha indicado el consejero, quien ha anunciado que el objetivo de la gestión en esta empresa pública será la "reducción del gasto" hasta los 51 millones, que comenzará con la supresión de la Sociedad de Sistemas Medioambientales de Cantabria, lo que conllevará el ahorro de un "gasto innecesario" de un millón de euros.

Por lo que se refiere a los objetivos de la Consejería, contarán con un presupuesto de 59.825.914 euros, de los que más de 56 se destinan a inversiones reales y más de tres a transferencias de capital. El capítulo más importante es el de mantenimiento de la inversión hidráulica, que asciende a 45,9 millones, a lo que se suma la elaboración del Plan Hidráulico, presupuestado en 300.000 euros.

También dentro de medio ambiente y aguas, se destinan 2,7 millones al desarrollo de planes y actuaciones de restauración ambiental —entre ellos el Plan Besaya 2020—; 1.045.000 euros al desarrollo de la Red Local de Sostenibilidad y apoyo a los planes de acción de la Agenda 21 local; y 935.000 euros a sensibilización y educación ambiental.

Y dentro de ordenación del territorio y urbanismo, se ha previsto un fondo para la ejecución de sentencias de derribo dotado con cinco millones, que cuenta aquí con su "primera plasmación presupuestaria" como consecuencia del "compromiso" del Gobierno al respecto; y el impulso en la aprobación del planeamiento urbanístico y territorial, con 2.760.000 euros.